La Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresó su preocupación debido al dictamen que aprobó el Congreso en primera votación, que busca modificar los artículos del Código Penal relacionados a la lucha contra el crimen organizado. En ese sentido, consideraron que las reformas parlamentarias “ponen en mayor riesgo la seguridad ciudadana del país”.
Uno de los aspectos cuestionados por el gremio empresarial es que la reforma solo considera como organizaciones criminales a los grupos que cometen delitos que tienen penas de más de seis años de prisión efectiva, excluyendo a las organizaciones que cometan actos de corrupción.
También, cuestionan que el Poder Legislativo exija que los allanamientos se hagan en presencia del interesado y de su abogado, lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones y facilitar que se oculten las pruebas de los posibles actos ilícitos.
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Asimismo, la CCL critica que el dictamen ponga como requisito que las organizaciones criminales controlen cadenas de valor de un mercado o economía ilegal para ser consideradas como tales, ya que de esta manera se deja fuera a los grupos delincuenciales que se dedican a la extorsión, al secuestro y al asalto.
Por estas razones, pidieron al Congreso de la República que tomen en cuenta estas observaciones a la hora de someter la propuesta a la segunda votación respectiva y exigieron que el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y el Poder Judicial sienten una posición acerca de estas reformas que en su opinión “harán que los ciudadanos estemos más expuestos frente a extorsionadores, asaltantes y secuestradores”.
Estas propuestas no son solo criticadas por la CCL sino que el coordinador de las Fiscalías Contra el Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, sostuvo en una entrevista con RPP, que esta propuesta normativa los “ata de manos” en la lucha contra el sicariato, el narcotráfico y otros delitos.