Organizaciones de productores agrarios mostraron su rechazo a la propuesta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) que busca autorizar el ingreso y cultivo de algodón y maíz transgénicos en el Perú.
Se trata de una propuesta para modificar la Ley n° 31111, mediante la cual se estableció una moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados (OVM), conocidos como transgénicos, al territorio nacional hasta el año 2035. Esta norma, a su vez, amplió el alcance de la Ley n° 29811, que en 2011 estableció un plazo inicial de diez años.
La finalidad de la norma es proteger la agrobiodiversidad del país y desarrollar las capacidades necesarias para un uso y control adecuado de semillas transgénicas en los campos de cultivo. Este objetivo, sin embargo, aún no se ha logrado.
Propuesta polémica
El ministro Ángel Manero señaló este martes ante la Comisión de Constitución del Congreso que autorizar la siembra de maíz y algodón transgénicos, como lo propone el Midagri, busca contrarrestar el avance de las importaciones de ambos productos. Esta propuesta forma parte del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo.
“Los productos no se van a orientar al consumo humano. El maíz está orientado a los pollos y cerdos; y el algodón, a la industria textil y confecciones. Lo que queremos es ganarle espacio a las importaciones”, expuso el titular del Midagri. Aseguró que Perú importa entre 600 y 800 millones de dólares anuales en maíz, y la producción de algodón se ha reducido de 250 mil hectáreas a 10 mil. Dijo también que solo se permitirá el cultivo de transgénicos en la costa.
Manero afirmó también que la propuesta había sido consultada con los productores agrarios. Sin embargo, organizaciones de productores lo desmienten.
Productores en desacuerdo
Luis Cruz, gerente de Conveagro, asegura que la propuesta fue rechazada desde un inicio. “En Conveagro está la Asociación Nacional de Productores de Algodón (ANPAL) y con ellos no han tenido ninguna reunión. Con los de maíz, tampoco. Nosotros nos hemos enterado por el proyecto de ley que [el Midagri] ha presentado al Congreso”, dice Cruz a Inforegión.
Agrega que hay estudios que demuestran que los transgénicos no ayudan a aumentar la producción de maíz y algodón. “Los niveles de producción no es por un tema de la semilla, sino por las condiciones del pequeño productor: escasez de financiamiento, falta de asistencia técnica y abandono por parte del Estado”, sostiene el dirigente.
Con él coincide Luis Gomero, presidente del Consorcio Agroecológico Peruano (CAP), quien considera que introducir maíz genéticamente modificado al Perú representa un riesgo para la producción nacional, debido a la contaminación genética.
“Los híbridos que tiene el país son competitivos. En el caso del algodón, lo que se tiene que hacer es promover la producción de [variedades] pyma y tanguis, que son de fibra larga, muy reconocidas en el mundo. Nosotros podríamos ser exportadores de esta fibra, pero el cultivo de algodón ha sido abandonado por el Estado”, señala Gomero Osorio.
El presidente del CAP también desmiente al titular del Midagri sobre consultas a productores: “Es totalmente falso, no hemos recibido ninguna consulta sobre ese tema. Las prioridades del agro son otras. El ministro se está equivocando tremendamente o no tiene conocimiento de la situación de la agricultura en el Perú”.
Competencia del Minam
En Perú solo está permitido el ingreso de OVM o transgénicos para fines de investigación. Su uso está restringido a espacios confinados y no deben ser liberados al ambiente, ya sea para comercialización, cultivo o crianza.
La Ley 31111, que en 2021 amplió el plazo de la moratoria a los transgénicos hasta 2035, fue reglamentada recién en diciembre de 2023, a través del Decreto Supremo 012-2023-MINAM.
La entidad responsable del tema siempre es del Ministerio del Ambiente (Minam), porque se trata de preservar la diversidad genética en el país. Así lo reafirma José Álvarez, exdirector general de Diversidad Biológica del Minam, quien cree que el Midagri está en un error.
“Hay una confusión del Midagri de pensar que [la moratoria] tiene que ver con alimentación. No es así. Este es un tema ambiental”, señala Álvarez. “Es un error pretender cambiar la ley. Podríamos perder la ventaja comparativa que tiene el Perú en su producción nativa, todo ese prestigio que tenemos como país libre de transgénicos podría perderse”, advierte.
Durante la sesión del Congreso en la que el titular del Midagri sustentó su propuesta también participó el ministro del Ambiente, Juan Carlos Vargas, quien no se pronunció sobre el tema, pese a ser de su competencia.
¿Cómo impactan los transgénicos?
La polémica sobre los transgénicos se ha situado en la alteración genética que podría tener la producción nativa, pues podría ser masiva e irreversible. Para Eduardo Zegarra, economista e investigador principal de GRADE, permitir el ingreso y cultivo de semillas transgénicas sería muy grave, pues generaría una degradación genética en el maíz y el algodón nativos de Perú.
“El caso del maíz es bastante claro porque es un cultivo de polinización abierta. En un campo de maíz transgénico, el gen llega a otros campos y los contamina, erosiona la calidad genética de la semilla e incluso genera deformaciones. El transgénico predomina y elimina la variedad local”, explica Zegarra en diálogo con Inforegión.
El especialista considera que para contrarrestar las importaciones se puede imponer aranceles, ya que hay países con grandes subsidios a sus exportaciones o que tienen alta productividad. “Pero plantear introducir semillas transgénicas como una forma de enfrentar la competencia desleal no tiene ningún fundamento”, sostiene.
Intereses económicos
En el ámbito de la salud, aún no hay suficiente evidencia científica que permita determinar si el consumo de transgénicos tiene efectos nocivos en la salud de las personas. Sin embargo, sí hay evidencia respecto al glifosato, sobre el cual se ciernen intereses económicos.
El glifosato es un herbicida producido por la compañía Bayer-Monsanto para ser utilizado en cultivos transgénicos, que también comercializa, y que ha sido calificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “probablemente cancerígeno para los humanos”.
“La semilla transgénica es un paquete tecnológico que obliga a los productores a pagar por la patente de la semilla y a usar el glifosato de manera exclusiva. El transgénico tiene sentido si lo amarras con el glifosato; si no, no tiene mayor impacto en la productividad. No se siembra transgénicos sin glifosato”, sostiene el economista.
Para Luis Gomero, del Consorcio Agroecológico Peruano, la propuesta del Midagri responde a estos intereses. “El ministro está respondiendo a los intereses de una corporación que solo quiere hacer negocios a costa de nuestra biodiversidad”.
Soberanía alimentaria
Según Angie Higuchi, doctora en economía agrícola, la propuesta del Midagri no ha valorado tres aspectos fundamentales: materia agrícola, salud de las personas y efectos en el ambiente: “Basta que exista riesgo en tan solo una de las tres para que suponga una amenaza”.
La especialista considera que “toda propuesta respecto a seres vivos, como las semillas y su material genético, que ponga en riesgo la soberanía alimentaria debe tener base científica, no una base comercial”.
En opinión de Gabriel Mejía, director del Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), el Perú no necesita transgénicos porque “es uno de los mayores centros mundiales de recursos genéticos”. Además, “en los países donde se ha introducido, solo han generado monopolios y negociados con las semillas”, así como un mayor uso de agroquímicos como el glifosato.
“El objetivo de las corporaciones que comercializan transgénicos es acceder a los recursos genéticos nacionales para desarrollar productos y patentarlos con fines comerciales”, advierte Mejía en una columna publicada en Radio Santo Domingo.
Productores alistan plataforma
Las organizaciones de productores agrarios han anunciado la conformación de una plataforma para impedir que el Midagri modifique la ley de moratoria a los transgénicos. Ya han enviado documentos tanto al Ejecutivo como al Congreso para exigir que se rechace la propuesta.
“Hay un repudio generalizado. Nadie en el sector agrario ha pedido eliminar la moratoria. Lo mínimo que han debido hacer es consultar con los gremios agrarios y los productores”, señala Luis Cruz, de Conveagro.
Eduardo Zegarra, de GRADE, va más allá: “El ministro no quiere defender la agrodiversidad y eso lo descalifica como ministro, a él y al ministro del Ambiente. Son dos personas a las cuales no podemos encargar algo tan importante como proteger.