La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, confirmó que la exprimera ministra Betssy Chávez continuará recluida en el Penal Anexo de Mujeres en Chorrillos.
Chávez se encuentra en prisión preventiva por 18 meses por su presunta participación en el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, ocurrido el 7 de diciembre de 2022.
El tribunal presidido por el juez Supremo César San Martín declaró infundado el recurso de apelación que presentó la defensa de Betssy Chávez.
El 8 de marzo, el juez Supremo Juan Carlos Checkley rechazó el cese del mandato de prisión preventiva que se le impuso dentro este proceso penal. Después de eso, la defensa de Betssy Chávez argumentó que la resolución emitida por el juez Supremo Checkley Soria afectó el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, el principio de legalidad, el derecho a las garantías procesales, al debido proceso, al juez imparcial, al principio a la presunción de inocencia y al derecho a la salud de su patrocinada en este caso.
A pesar de eso, la investigación que se realizado hasta el momento, confirma el presupuesto de sospecha grave y fundada, así como los requisitos de gravedad del ilícito objeto del proceso penal y de presencia de peligro de fuga. También se le acusa por el peligro de obstaculización ante la desaparición de las pruebas del ilícito, respecto de lo que se encontraba en el despacho de la presidenta del Consejo de Ministros y del teléfono móvil que utilizó en sus comunicaciones relacionadas con el caso.
Por otro lado, el juez de la Sala Suprema señaló que Betssy Chávez no presenta problemas de salud de consideración y que estos pueden ser atendidos en el mismo penal donde se encuentra. “No se advierte que su mantenimiento en cárcel afectará irremediablemente su salud al punto de poner en riesgo severo su vida”.
La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos ha pedido 25 años de prisión contra la exjefa del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, al acusarla como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado.