El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, advirtió de un grave cambio que pasó inadvertido en la recientemente promulgada ley que restablece el sistema bicameral; el de facultar al fiscal de la Nación a evaluar si inicia o no acción penal contra altos funcionarios del Estado aunque hayan sido acusados por el Congreso de la República.
El titular de la Corte Suprema de Justicia advirtió que actualmente, la Constitución ordena al titular del Ministerio Público a denunciar a los dignatarios ante la Corte Suprema si el Parlamento les levanta la prerrogativa del antejuicio político. Sin embargo, las modificaciones que regirán a partir del 2026 dejan a criterio del fiscal de la Nación si denuncia o no.
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“Estamos dejando abierta la posibilidad que a futuro un fiscal politizado o una Corte Suprema politizada pueda no procesar -a los aforados-. Es un retroceso terrible en la lucha contra corrupción de los altos funcionarios que se ha aprobado ayer y que nadie se ha dado cuenta”, sostuvo.