El pasado 14 de marzo, el caso del exembajador del Perú en Israel, Fortunato Quesada Seminario, se vio en la Novena Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima. El expediente número 05382-2019 fue sometido a audiencia. Participaron el procurador del Ministerio de Relaciones Exteriores y el abogado de Quesada, el Dr. Enrique Ghersi.
Tras sendas intervenciones de ambas partes, el caso quedó al voto de las tres juezas que participaron en dicha audiencia.
Como se recuerda, el caso fue ganado en primera instancia por Quesada al ser declaradas nulas las resoluciones (vice)ministeriales de los ex embajadores Néstor Popolizio y Hugo De Zela, con las cuales destituyeron al entonces embajador Quesada. Esto debido a que se vulneraron sus derechos y el debido proceso.
Por ello, Quesada exige su reposición del cargo de embajador. Como se recuerda, este episodio empezó el 17 de junio del 2018, con un reportaje en Panorama. El reportaje se basaba principalmente en audios editados y descontextualizados que contenían conversaciones entre el propio Quesada y dos de sus trabajadores en la residencia peruana en Tel Aviv: un cocinero y una trabajadora del hogar. Ambos acusaron al funcionario de abuso de autoridad y hostigamiento laboral. Luego, los dos desaparecieron del mapa. Quesada denunció que era víctima de un complot en la Cancillería. Señaló culpables y, poco a poco, ha logrado demostrar que lo que dice es verdad. Ya se confirmó, según el propio proceso disciplinario y varios reportajes de medios como El Comercio, Cuarto Poder y CARETAS, que la recopilación de esas grabaciones fue realizada por Pedro Rubín, y que él mismo habría incitado a los empleados administrativos y domésticos de la embajada para que proporcionaran los audios. Asimismo, se habría encargado de editar y de propalar los audios a través de un programa periodístico. También han salido a la luz conversaciones y chats al respecto. Estos elementos forman parte del expediente del proceso disciplinario aplicado a Rubín. El chef Jesús Alvarado, además, ha confirmado que todo fue un complot organizado el 2018 por la Cancillería desde Lima, donde participaron Popolizio, De Zela y Boza, en una reciente entrevista para el programa Habla el Pueblo, el 8 de agosto del 2023.
Tras la audiencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, la votación en segunda instancia queda en manos de las tres juezas responsables.