MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) –
El Ministerio del Interior de Nicaragua ha ordenado este martes la cancelación de otras nueve asociaciones, la mitad de ellas religiosas, y una universidad, por lo que ya son 57 los organismos que el Gobierno de Daniel Ortega ha cerrado en lo que va de año.
Según ha publicado el diario oficial ‘La Gaceta’, las nueve asociaciones “no reportaron por periodos de entre dos hasta 26 años sus estados financieros”, con “desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación” o “detalles de donaciones”.
En concreto, entre las organizaciones canceladas se encuentran la Fundación Cristiana Renúevame Señor; la Asociación Iglesia El Nuevo Remanente; la Asociación Máter Purissima Nicaragüense Año 2000, así como la asociación Iglesias Solo Jesucristo Salva Hechos 4:12.
Asimismo, en la lista también están la Asociación Cámara Forestal de Nicaragua (CFN); la Asociación de industriales Exportadores de Nicaragua (ANIEX); la Asociación Instituto Nicaragüense de Estudios Humanísticos (INEH); la Fundación Aguas Bravas Nicaragua y la Cámara Red Local del Pacto Global.
Por otro lado, el Ministerio del Interior ha informado de la cancelación de la Asociación Universidad de Administración, Comercio y Aduana María Guerrero (UNACAD) por “disolución voluntaria” debido a que “los bajos ingresos” le han impedido “cumplir con el programa de inversiones”.
“El Consejo Nacional de Universidades (CNU) procederá a reubicar a los estudiantes en las universidades donde correspondan”, reza el decreto, que obliga a los directivos de la institución a entregar expedientes, títulos, carreras, planes de estudio y bases de datos de las matrículas, entre otras cuestiones.
En los últimos tres años, el Gobierno ha cancelado al menos 30 universidades, entre ellas la Universidad Centroamericana (UCA), uno de los focos de los manifestantes opositores desde el estallido de las protestas en 2018, cuando murieron alrededor de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La UCA fue intervenida después de que el Gobierno describiera a la institución como un “centro de terroristas” en el marco de las acusaciones contra la Iglesia católica, a la que señalaron por instigar las manifestaciones antigubernamentales.