MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) –
El juez Arthur Engoron ha ordenado al expresidente estadounidense Donald Trump y a su empresa, la Organización Trump, a pagar 355 millones de dólares en el juicio por fraude fiscal del estado de Nueva York, prohibiendo además al magnate ocupar puestos en cualquier empresa con sede en el estado durante un periodo de tres años.
Si bien el juez ha inhabilitado al exmandatario, no ha disuelto la Organización Trump, que infló su patrimonio neto personal en 3.600 millones de dólares entre 2011 y 2021, según la Fiscalía.
El juez ha decidido además que Trump no podrá solicitar préstamos durante tres años en el estado, mientras que ha nombrado a un cargo independiente para vigilar los resultados financieros de la empresa, según ha recogido la cadena CNN.
Dos de los hijos de Trump, Donald Trump Jr. y Eric Trump, tendrán que pagar cuatro millones de dólares por ser responsables de una serie de cargos de fraude civil, entre ellos la emisión de estados financieros irregulares o la falsificación de registros comerciales.
Tanto Donald Trump Jr. como Eric Trump tampoco podrán ocupar cargos como funcionarios o directores de empresas durante dos años. De la misma forma, el exdirector financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, tendrá que abonar un millón de dólares.
Tras el veredicto, la abogada del magnate, Alina Habba, ha subrayado en un comunicado que apelarán la decisión ante una “manifiesta injusticia” y ha defendido que se trata de una “caza de brujas” que empezó “mucho antes” de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, “pusiera un pie” en su oficina.
James solicitó tanto a Trump como a su empresa abonar un total de 370 millones de dólares por “enriquecimiento ilegal” y por inflar el valor de sus bienes en documentos financieros durante más de una década.
El origen del caso se remonta a 2019, cuando el antiguo abogado de la empresa, Michael Cohen –quien fue además el encargado de realizar los pagos irregulares a la actriz porno Stormy Daniels– planteó preguntas sobre su estado financiero ante el Congreso.