MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) –
El empresario Daniel Noboa se impuso en octubre en una de las elecciones presidenciales más convulsas de la historia reciente de Ecuador. El próximo jueves, 23 de noviembre, tomará posesión del cargo con la inseguridad como el gran desafío pendiente, en previsión de que el país sudamericano cierre de nuevo 2023 con niveles máximos de homicidios, fruto del reciente auge de la delincuencia organizada.
Tras un pico de muertes violentas en 2008, con 18 homicidios por cada 100.000 habitantes, el dato fue descendiendo hasta remontar de nuevo en 2017, primero de manera tímida y ya de forma exponencial a partir de 2020, cuando el dato se acercó de nuevo a los 14, según las estadísticas recogidas por la Policía.
El mandatario saliente, Guillermo Lasso, asumió en mayo de 2021 las riendas de Ecuador ya con una inseguridad al alza y dejará la Presidencia con niveles máximos, sin precedentes desde que existen registros. Al récord de 2021 –19,66 homicidos por cada 100.000 habitantes– le siguió un nuevo hito al año siguiente, cerrado con 25,32 muertes violentas por cada 100.000 ciudadanos.
El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado que elabora la Pan American Development Foundation (PADF) prevé que el país sudamericano cierre 2023 por encima de los 7.000 homicidios, lo que implicaría que la tasa se disparase incluso a más de 32. Ya con los datos del primer semestre, la cifra de homicidios representaba cerca de un 530 por ciento más que en el mismo periodo del año 2019, cuando se consolidó la actual escalada.
El Gobierno tiene claro el diagnóstico, ya que considera que la “delincuencia común” ha dado en los últimos años un “salto” al nivel de “delincuencia organizada”. Nueve de cada diez homicidios derivan de acciones de este tipo de grupos, con especial incidencia en seis provincias, reconoció esta misma semana el actual ministro del Interior, Juan Zapata.
Lo hizo ante el Consejo de Seguridad Pública (Cosepe), el principal órgano asesor del presidente en esta materia, y en una reunión a la que también estaba invitado Noboa, dentro de una etapa de transición de poderes que ha implicado citas entre dirigentes salientes y entrantes durante estas últimas semanas.
La misma noche electoral, el empresario reconvertido a político prometió trabajar en aras de un “nuevo Ecuador”, con el objetivo de “reconstruir un país que ha sido gravemente golpeado por la corrupción, la violencia, el odio”. La inseguridad también ha ocupado un papel predominante en el discurso pronunciado esta semana tras recibir las credenciales como presidente electo, de nuevo cargando contra la “impunidad” y contra la “corrupción”, con la vista puesta tanto en los grupos criminales como en la clase política.
ESTADO DE EXCEPCIÓN
Lasso, que forzó la convocatoria de elecciones anticipadas antes de enfrentarse a un juicio político en la Asamblea Nacional, ha recurrido en varias ocasiones a la adopción de medidas excepcionales para combatir la inseguridad. En plena campaña electoral, y como respuesta al asesinato de uno de los candidatos, Fernando Villavicencio, promulgó un estado de excepción para ampliar los poderes de las principales fuerzas de seguridad y restringir libertades.
La Constitución contempla esta figura en caso de “agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural” y Lasso ha recurrido a ella de forma específica también para contener la violencia en el sistema penitenciario. Unos 470 presos han muerto desde el año 2020 por incidentes en cárceles, con masacres que superan incluso los cien fallecidos.
Noboa quiere convocar en sus primeros cien días de mandato una consulta popular en la que propondrá revisar el actual papel de las Fuerzas Armadas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia, ya que hasta ahora su despliegue está limitado a situaciones de estado de excepción. La oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya avisó en su último informe de que este tipo de medidas excepcionales deben respetar “los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación”.
“Las autoridades tienen que proteger la vida de las personas, incluidas las de aquellas que están bajo custodia del Estado. Las medidas de emergencia –incluido el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública– pueden aplicarse, pero deben estar limitadas en el tiempo y ser excepcionales”, señaló en julio el Alto Comisionado de la ONU Volker Turk.