Alejandro Soto es el presidente del Congreso más cuestionado de los últimos años. Sobre él, pesan serias acusaciones que van desde la contratación de la tía de su hijo en su despacho congresal hasta la estafa en la venta de un terreno a una empresa en la que él mismo trabajó como asesor. Un récord que tremendo personaje se haya hecho con la titularidad de un poder del Estado.
El caso del terreno se remonta al 2015. Soto trabajaba como asesor en la empresa Wayna Picchu, misma a la que vendió un terreno por US$ 265 mil, sin decir que era suyo y que lo había comprado a la comunidad de Ayarmaca Pumamarca, apenas 8 meses atrás, por solo US$ 5 mil. Lo vendió a la empresa que asesoraba a través de Juan José Durand Gonzáles, quien hizo de apoderado. Todo esto, según dijo Darwin Urquizo, abogado de la empresa perjudicada, a esta publicación.
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Incluso, un informe del diario El Tiempo de Cusco, señala que el terreno vendido era de 640.61 metros cuadrados, a pesar de que dijo que tenía 879.9 metros cuadrados.
La empresa, se dio cuenta del engaño dos años después, en 2017, gracias a una auditoría que coincidió con el cambio en el directorio. Desde ahí, hubo un proceso en el que, si bien se había sobreseído a Soto en el 2019, una apelación anuló la resolución y ordenó que otro juzgado vea el control de acusación.
Peor aún es el caso de estafa de cuya sentencia se salvó por una ley aprobada por este mismo Parlamento.
El proceso estaba a punto de entrar a juicio oral, sin embargo, el 21 de julio, el abogado de Soto pide que se aplique retroactivamente, una ley que modificaba los plazos de prescripción y que fue aprobada el 25 de mayo por el Congreso, con el voto del congresista cusqueño. El juez accedió y todos los implicados se vieron beneficiados.
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El abogado llamó la atención que, en dicha audiencia, la Fiscalía no mostró mayor oposición a la decisión del juez, por lo que Wayna Picchu solo continuará el proceso que pide una reparación civil de S/ 300 mil.
PRESIDENTE DESCONOCIDO
En Alianza Para el Progreso (APP), partido con el que ganó un escaño en las elecciones del 2021, apenas es conocido. Según el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), se inscribió el 29 de setiembre del 2020, poco antes de iniciarse la campaña que lo llevaría al Congreso. En Cusco, región por la que fue electo, se desempeñó 21 años como presentador de un programa de televisión en el que se entrevistó a sí mismo como parte de su campaña.
Luis Valdez, secretario general de APP, dijo a CARETAS que la dirigencia del partido no conocía a Soto de primera mano, sino que lo fueron conociendo en la campaña en la que llegó a ser el congresista más votado de su región. El también excongresista, señala que fue la bancada apepista quien lo eligió como su representante en la lista que logró reunir al fujimorismo y al cerronismo en una sola lista, que finalmente, se hizo con el control de la Mesa Directiva. La decisión podría haber estado motivada en que Soto generaría más consensos que Eduardo Salhuana o Lady Camones en las demás bancadas.
La empresa, se dio cuenta del engaño con el terreno dos años después, en 2017, gracias a una auditoría.
“Las personas que mencionas -Salhuana y Camones-, no voy a precisar, declinaron de la posibilidad de representar a la bancada en esa terna, de repente tuvieron razones personales y en ese caso, los congresistas eligieron a Alejandro Soto”, explicó.
¿Sabía APP de los antecedentes del flamante presidente del Congreso? Aquí las versiones difieren. Valdez dice que el partido no conocía de las 55 denuncias que lleva a cuestas Alejandro Soto, sin embargo, Eduardo Salhuana, congresista y uno de los encargados de negociar con las otras bancadas para definir la lista que ganó la Mesa Directiva, dijo que fue el mismo Soto quien llevó sus antecedentes y que luego de una discusión, se decidió apoyarlo porque no tenía ninguna sentencia y que las denuncias que figuraban en la relación de la Fiscalía, eran antiguas y muchas de ellas archivadas.
Sin embargo, a APP le habría tomado por sorpresa el caso de Yeshira Peralta, hermana de la madre del hijo de 11 meses que tiene y a quienes se vio en los palcos del Congreso el día en que Soto tomó posesión de su cargo.
Un aspecto clave es la relación que, desde la Mesa Directiva, APP busca con el Ejecutivo; el “espíritu de colaboración”, ya que para Salhuana, un eventual adelanto de elecciones está descartado para la bancada acuñista.
Sin embargo, no está clara la duración que tendría el congresista cusqueño en la Presidencia del Legislativo. Flor Pablo (no agrupada), ha pedido expresamente que una vez instalada la Comisión de Ética, se inicie un proceso de oficio contra el apepista. Lo que retrasa esta medida, es que la comisión aún no ha definido quiénes serán sus integrantes ni quién la presidirá.
Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario), voceado para encabezar esta comisión, dijo a este quincenario que de ser electo, iniciaría una investigación de oficio a Soto. Según sus cálculos, el jueves debería definirse si le tocará a él o a un representante de Renovación Popular estar al frente.
La investigación de oficio, es una facultad exclusiva del presidente de Ética. El especialista en temas parlamentarios, César Delgado Guembes, explicó que las sanciones que puede imponer la comisión son la llamada de atención por escrito, la amonestación y la multa. Pero la suspensión, que puede darse hasta por 120 días, debe ser aprobada por el Pleno, a propuesta de dicho grupo de trabajo.
Los días de suspensión no se calculan como días calendarios, explica Delgado Guembes, sino como días de legislatura; es decir, se cuentan los días del Pleno y de las comisiones en las que participe el congresista suspendido. En el caso de Soto, ser contarían las sesiones plenarias y las de la Comisión Permanente.
Valdéz:“Las personas que mencionas -Salhuana y Camones-, no voy a precisar, declinaron de la posibilidad”.
En el caso de los recesos parlamentarios, los días serían contados como días calendarios. Sin embargo, una sanción de esta naturaleza a un presidente en ejercicio es un caso sin precedentes. De ocurrir, Soto sería reemplazado por Hernando Guerra García (Fuerza Popular), quien asumiría la Presidencia interinamente hasta el retorno del apepista, ya que pese a la sanción, el cargo no vaca.
La corriente no es favorable para el presidente del Congreso. Además del descontento en la bancada Nueva Constitución-Socialista, por haberse quedado fuera de la repartición de comisiones, gracias a que la Junta de Portavoces -encabezada por él-, no tramitó sus renuncias a Perú Libre ni oficializó la conformación de su bancada, se descubrió que se libró de un juicio, gracias a una prescripción de pena aprobada gracias a una ley que impulsó y por la que votó para su aprobación.