La mañana de hoy 18 de octubre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó el informe “Observaciones sobre la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Perú”.
El actual alto comisionado es el austriaco Volker Türk y el informe se basó en una visita que un representante de la oficina hizo en marzo al Perú. Al gobierno se le alcanzó en julio una versión preliminar del informe, que fue respondida. Lo conocido hoy es el texto consolidado.
En documento a cuyos extractos accedió CARETAS, el gobierno toma nota del informe, “cuyas recomendaciones serán evaluadas en conformidad con el marco Constitucional peruano y las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos reconocidas por el Estado peruano”. También reitera que “continuará en su esfuerzo de afianzar la democracia con todas y todos los peruanos, poniendo en centro a la persona humana”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señala que “el presente informe y sus conclusiones no se basan sobre una investigación de carácter penal ni atribuye responsabilidades penales. Corresponde a las autoridades peruanas competentes realizar las investigaciones necesarias, incluyendo aquellas en las que se determine la posible responsabilidad penal, en el marco de un debido proceso” (p. 22).
También reconoce que, con relación al uso de la fuerza letal y armas menos letales, “los hechos mencionados están bajo investigación por el Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP) del Ministerio Público, en fase de investigación preliminar” (p. 88).
La OACNUDH “pudo verificar 208 casos de policías y militares heridos durante las protestas (7 diciembre de 2022 y 30 de marzo de 2023). Algunos manifestantes también realizaron actos de destrucción de propiedad pública y privada” (p. 12). La OACNUDH “documentó 74 actos de destrucción de bienes públicos y privados en diferentes regiones del país en el contexto de las manifestaciones (p. 36).
Del mismo modo, el informe destaca que “la creación de una comisión multisectorial de apoyo a las víctimas coordinada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es un paso importante para adoptar e implementar medidas provisionales para brindar apoyo económico a las víctimas” (p. 178).
La OACNUDH “reconoce la cooperación del Estado del Perú con mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. El 27 de febrero de 2023 el Gobierno y OACNUDH firmaron un MOU (Memorando de Entendimiento) que contiene un programa de trabajo con diversas instituciones del Estado para el fortalecimiento de la prevención y protección de los derechos humanos en el país” (p. 191).
La OACNUDH señaló que “es positivo el anuncio del 28 de julio 2023 de la Presidenta de la República sobre el relanzamiento del Acuerdo Nacional para trabajar en una agenda nacional que atienda las necesidades de la población y aborde temas estructurales. También fue importante su pedido de perdón en nombre del Estado a los deudos de todas las personas fallecidas y heridas durante las protestas” (p. 193).
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La OACNUDH afirma que “el gobierno ha dado un paso importante al proporcionar una ayuda económica única a las víctimas de las protestas y sus familias. También es positivo el pedido de perdón de la Presidenta de la República, en nombre del Estado, a las personas afectadas durante las manifestaciones y su anuncio sobre el relanzamiento del Acuerdo Nacional para trabajar en una agenda social que atienda las necesidades de la población” (p. 202).
En este punto es necesario señalar que la convocatoria al Acuerdo Nacional por parte de Boluarte se ha quedado, en la práctica, en el camino. Resulta obvio que la comunidad internacional observa de buena manera mecanismos de este tipo y el no continuar con el proceso es hasta ahora una oportunidad perdida.
La OACNUDH agradeció “al Gobierno del Perú por la buena coordinación y apertura durante las reuniones y reconoce el compromiso para una agenda de cooperación a mediano plazo con OACNUDH, orientada a fortalecer las capacidades en derechos humanos en el país. Reconoce los esfuerzos realizados en el manejo de las manifestaciones sociales en julio de 2023 que resultaron en menos afectaciones sobre los derechos humanos” (p. 204).
El contraste entre el manejo de diciembre y enero y lo ocurrido en julio también resulta trágicamente evidente, como lo ha confirmado CARETAS con una nota sobre el deficiente tratamiento de las advertencias del Ministerio Público en esa coyuntura de fines del año pasado e inicios de este.