Argentina: Milei afirma que organizará un referéndum en caso de que el Congreso rechace el decreto de desregularización

por Diana

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) –

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha afirmado este martes que organizará una consulta popular en caso de que el Congreso argentino rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el que se eliminan numerosas leyes y normas para desregular la economía y permitir la privatización de empresas públicas.

“Si me rechazan el DNU, llamaría a un plebiscito o consulta popular”, ha declarado en una entrevista con La Nación+ en la que ha pedido a los congresistas que expliquen por qué se “oponen a algo que beneficia a la gente”, recoge la agencia de noticias Télam.

Milei ha considerado que quienes se oponen “no tienen conciencia de la gravedad de la situación” y ha alegado que quienes se manifiestan en contra de sus medidas “no pueden aceptar que perdieron” y que la “población eligió otra cosa”.

“Esto apunta contra los corruptos que agarran algún negocio negociando alguna ley”, ha aseverado el mandatario ultraderechista, que ha apuntado a que los legisladores contrarios “no pueden morder” más sobornos.

Mientras que ha retado a sus opositores a que “intenten” desestabilizar su administración, ha aseverado que “los argentinos de bien están dispuestos a hacer el esfuerzo” que supongan sus medidas económicas, a pesar de que ha confirmado que a corto plazo no aumentará el salario de los empleados públicos ni beneficiará a los autónomos.

El mandatario ha manifestado que sus anuncios demuestran que su partido, La Libertad Avanza (LLA), ha sido “consistente” con lo prometido y ha señalado que “no hay tiempo” y que se requiere de “un shock de libertad y anticasta” en la economía porque “la situación es realmente complicada”.

El pasado fin de semana, el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2 argentino, a cargo de Esteban Furnari, admitió un recurso de amparo que pide la declaración de inconstitucionalidad contra el DNU, alegando que la norma implica una “desviación de poder y un abuso de derecho público”.

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