La División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía tiene al controvertido empresario Zamir Villaverde García en la mira por ser el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada al despojo de terrenos. A través de su abogada Medaly Barrientos García y su chofer Guillermo Maldonado Polo, Villaverde habría usurpado terrenos en San Miguel y Cerro Azul. Estas son las historias que lo señalan.
Para entender a los protagonistas de la historia hay que hurgar en el pasado. Caretas, en su versión digital, reveló hace un mes que el “cajero” de la presunta organización criminal que investiga el Ministerio Público (de la que, según las declaraciones de la lobista Karelim López, formaría parte el presidente Pedro Castillo) dejó en la calle a su exesposa y a sus dos hijas.
El 15 de julio del 2019, Marylyn Reyes Heredia llegó a su casa en La Planicie, pero no la dejaron entrar. “Usted ya no vive aquí”, le indicó el portero de la residencia. Reyes interpuso una denuncia por la “usurpación de su domicilio”. Medaly Barrientos García, abogada de Villaverde y de su empresa Vigarza, declaró ante la policía que la casa estaba ocupada por la madre del “cajero”, quien además es apoderada de la empresa de su vástago. La seguridad de la residencia también estaba a cargo de Vigarza.
Reyes dijo ante las autoridades que sus pertenencias y las de sus hijas estaban dentro de esa casa, y culpaba a su suegra si llegaban a desaparecer. Temía que lo hiciera con el fin de demostrar que ellas nunca habían vivido ahí. Según la mujer, Villaverde hacía esto para no cumplir un mandato judicial. Reyes lo había denunciado por violencia familiar y justo el día del incidente Villaverde fue notificado por el Cuarto Juzgado de Familia de la Corte de Lima sobre las medidas de protección en su contra, entre las cuales estaban la orden de alejamiento y el desalojo de la casa que compartía la familia.
Tres días después, Reyes volvió a denunciar a siete personas, entre las cuales se encontraba Maldonado, el chofer de su esposo, por haber intentado ingresar de forma brusca a su mismo domicilio en La Planicie. Es más, reconoció a Maldonado como el principal “resguardo” de su marido y lo culpaba de ser el actor intelectual de la emboscada.
La denuncia por usurpación acusaba no solo a la suegra, también a la abogada Barrientos y al chofer Maldonado. No sería la única vez que estos dos últimos personajes le sirvieron como chaleco a Villaverde.
En la tarde del 14 de julio del 2020, Josefa Fernández Falvy regresaba a su domicilio en el pasaje Virginia Candamo Nº 108, distrito de San Miguel, como de costumbre. Desagradable fue su sorpresa cuando notó que su llave no abría la puerta principal. Se dio cuenta que dentro de su casa habían cuatro personas desconocidas quienes, para no permitirle el ingreso y manifestarle que no era su casa, habían cambiado la chapa de dicha puerta. Los ladrones, desde dentro, la insultaban y amenazaban para así lograr intimidarla.
Fernández llamó a la policía. Cuatro horas después, un efectivo llegó. Los intrusos se negaban a identificarse. Pero los vecinos, a pesar de no querer dar sus nombres por temor a represalias, sí atestiguaron que Fernández vivía ahí. Los vándalos fueron conducidos a la comisaría de San Miguel.
Ahí aparecieron la abogada, el chofer y cuatro personas más que se hicieron identificar como resguardos, “quienes, en todo momento, en forma agresiva, prepotente, y amenazante impedían la conducción de los intervenidos”, describe la efectiva en el atestado policial.
No bastó con la actitud matona de los defensores de los ladrones. La misma abogada le propinó un golpe en la cabeza, a la altura del pómulo derecho, a un suboficial de turno que le provocó una caída. Además, amenazó al coronel de ser un corrupto. Los arrestaron por el delito de violencia y resistencia a la autoridad. En ese momento, los policías descubrieron que los resguardos portaban un arma punzo cortante y un arma de fuego abastecida.
San Miguel no fue el único predio que la gente de Villaverde intentó usurpar. La mañana del 6 de octubre del 2021, Rafael Salinas Soto se enteró, a través de una vecina, que parte de su casa en jirón Las Conchitas en la playa Los Lobos, Cerro Azul, había sido destruida por “Villaverde Company”. Responsabilizó a Zamir Villaverde, dueño de dicha inmobiliaria, a la abogada Barrientos, representante legal de la misma empresa, y Juan Pintado Cruz, por el delito contra el patrimonio, usurpación agravada y daños materiales.
Meses después, el 18 diciembre, hubo un enfrentamiento entre trece propietarios de inmuebles en la calle Soriano en la playa Los Lobos y quince guardianes de “Villaverde Company”. Doce efectivos policiales llegaron a la zona, donde los propietarios denunciaron que los guardianes de la inmobiliaria no los dejaban ingresar a sus residencias. Incluso, los guardianes habían cercado la zona para evitar el ingreso de posibles invasores. Uno de los guardianes era el chofer de Villaverde, Guillermo Maldonado.
El “cajero” sería también usurpador de terrenos. Estos son los indicios que maneja la Diviac para acusarlo con pleno derecho.
