Ayer los peruanos despertamos con una noticia que parecía un cuento de terror. El caos se había apoderado del aeropuerto internacional Jorge Chávez y los exteriores de la sede de Migraciones en Breña. Miles de personas necesitaban abordar un avión por razones médicas, familiares, de trabajo o recreación —bien merecida y pagada con su esfuerzo— pero cuando llegaron al counter para recoger sus nuevos pasaportes biométricos, la descoordinación, las fallas técnicas en el sistema y un sinnúmero de explicaciones impidieron que enrumben a sus destinos. Entonces cundió el desorden y descontento en los usuarios, quienes no dudaron en denunciar irregularidades a través de sus redes sociales.
Pero, ¿cual es la madre del cordero de esta desgracia en Migraciones? Para entenderlo, tenemos que remontarnos al gobierno de Ollanta Humala, quien ingresó enarbolando la bandera de la izquierda. En su gestión, el consorcio Gemalto-Imprimerie Nationale de Francia cobró 102 millones de soles al Estado peruano para confeccionar los pasaportes biométricos que contenían el chip electrónico. Se promocionaban así los muy codiciados “pasaportes inteligentes” que, por el contrario a lo que vemos ahora, nos evitarían las colas y los trámites engorrosos; es decir, la modernidad y la eficiencia por fin llegarían al sistema migratorio nacional.
Hoy se sabe, sin embargo, que el consorcio francés cobró al Estado peruano una astronómica suma de dinero, sin pasar por una licitación pública, y en todo momento han tenido reclamos. Si hubo tantos problemas, entonces ¿cómo se explica que hoy sigamos comprándole a Gemalto-Imprimerie Nationale? Para el proceso de adjudicación se convocó a diversas empresas internacionales, las que se hallaban en más alto ranking. En otras palabras: en las top en este tipo de trabajos de impresión, para presentar sus propuestas. La OACI (Organismo de la Aviación Internacional que regula los pasaportes electrónicos ) estaba a cargo de la licitación para la compra del primer millón de pasaportes y, de acuerdo a la ley de contrataciones, las convocatorias de organizaciones internacionales no son fiscalizadas, no rinden cuentas y solo se confía en la buena fe de dichos organismos internacionales.
Un informe del programa Panorama, en el año 2015, ya daba cuenta de las irregularidades en este caso, dado que los cuatro postores —los que compitieron con el consorcio Gemalto-Imprimerie Nationale de Francia— cobraban varios millones de soles menos. Extrañamente se compró al vendedor que tenía el mayor monto. La evaluación de toda esta información solo tomó 24 horas y para los especialistas esta adjudicación fue dirigida y solo se pidió a los competidores que entregasen sus precios para justificar que hicieron una convocatoria abierta. En pocas palabras, esto ya empezaba a oler a faenón.
El problema ya se veía venir. Apenas ingresaron al mercado nacional los famosos “pasaportes inteligentes”, estos presentaron fallas. Además, se detectó que la empresa francesa no respetó el cronograma fijado en contrato ni en periodo de prueba (lo que se llama la marcha blanca, que sirve para detectar justamente las fallas para inmediatamente subsanarlas). No hubo nada de eso, por el contrario, directamente se pasó a la entrega de pasaportes. Humala se despedía del gobierno dejándonos al superintendente de migraciones Boris Potozen, personaje muy cercano a su gestión y, con todo lo expuesto, ninguno de los gobiernos siguientes dejó de comprar a los franceses.
Hoy, en medio de esta emergencia, se piensa en seguir comprando a esta empresa francesa, motivo por el que ya muchos hablan de otro faenón, dado que se estarían levantando todos los controles para hacer una “compra de urgencia”. Antes de la llegada de los funcionarios humalistas, Thomas Greg & Sons de Perú S. A., una empresa 100 % peruana, fabricó para el Estado más de 8 millones de pasaportes entre 2001 al 2015 sin desabastecimiento. Al no tener mercado en su país, hoy la empresa Thomas Greg & Sons de Perú S. A. hace trabajos de impresión de este tipo para el gobierno colombiano. Así está el asunto. Inmediatamente la pregunta cae de madura: ¿Ni siquiera en tiempos de crisis podemos comprarle al Perú?
EL SOFTWARE DE ÚLTIMA CATEGORÍA
Si hay falencias en la emisión de pasaportes también las hay en el sistema informático, en el software. Desde hace meses los usuarios denuncian en sus redes sociales que esta bomba se veía venir: se hablaba de largas colas, citas para dentro de seis meses y un largo etcétera. A muchos de ellos, cuando por fin llegaban a la ventanilla, les decían “el sistema se ha caído”. Entonces, ¿qué sistema usa Migraciones que a cada rato se cuelga y causa desorden y aglomeraciones en plena pandemia?
Nuevamente, el origen del mal está en el gobierno de Ollanta Humala, cuando se implementó un software lituano, uno de los más baratos que existen en el mundo, con máquinas de fabricación y soporte chino. Sobre este temas las autoridades de Migraciones no han dicho absolutamente nada.
INDECOPI Y DEFENSORÍA DEBERÍAN ENTRAR A TALLAR
Por su parte, Carlos Zúñiga, director de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, señala que hay una responsabilidad del Estado: “Hay un servicio del Estado que es para proveer pasaportes en circunstancias excepcionales, existe el servicio y debería funcionar… El Estado debería ser responsable de asumir todas las pérdidas de todos los consumidores asociadas a este retraso, incluyendo las multas, sobrecostos de reprogramación, viajes perdidos, etcétera”, sostiene.
El problema, aduce, es que el infractor es el propio Estado y no existen mecanismos reales para hacerlos cumplir. Habría que judicializar el caso y ello demoraría años para que te devuelvan un pasaje. “No tengo conocimiento que haya ocurrido antes”, precisa e indica que cree que Indecopi debería ser el articulador de la voz del consumidor y decir dónde está el padrón, cuál es el seguimiento y cuáles son los avances, pero “señalar las culpabilidades de Migraciones sería como pisarse sus propios juanetes”, concluye.
Frente a la desprotección, la Defensoría del Pueblo podría suplir esa carencia de representación frente a la autoridad en falta. Asimismo, manifiesta que el anuncio de negociar con las aerolíneas no es el canal correcto de solución. Lo correcto sería que Migraciones abra canales de empadronamiento, así las personas pueden demostrar el motivo por el que perdieron su vuelo.
