El Gobierno Regional de Junín, bajo el dominio de Perú Libre y del sentenciado Vladimir Cerrón, sigue acumulando actos de corrupción. La Contraloría General de la República halló que 19 exfuncionarios y servidores de la institución —cinco de los cuales pertenecen a la agrupación del lápiz— dirigieron compras a dos empresas durante el estado de emergencia, decretado en el año 2020 a raíz de la propagación de la Covid-19, por la suma de S/ 1 209 400. Además, hubo un perjuicio económico de S/ 15 mil.
Según el informe de control específico N°002-2022-2-5341-SCE, el Gore Junín requería de 3 monitores de funciones vitales de 7 parámetros, 3 unidades de camas eléctricas con balanza y 18 unidades de bombas de infusión para que sean distribuidas a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional en los primeros meses de la pandemia. Por esa razón, y como varias instituciones lo hicieron, apelaron a la contratación directa y sin licitación pública.
En este escenario, Lara Medical Solutions S. A. C. y Tevimed S. A. C. fueron las dos empresas a las que el Gore Junín recurrió de emergencia. Sin embargo, el detalle estaba en que saltaban a la vista varias irregularidades. En primer lugar, Lara Medical Solutions S. A. C. tenía una sanción que no le permitía contratar con el Estado. Segundo, el accionista mayoritario de esta empresa resultaba ser Henry López Sosa, quien fue contratado por el Gore Junín para desempeñarse como analista en el proceso de selección que validó las cotizaciones efectuadas por ambas empresas.
Finalmente, la tercera resultó ser que Lara Medical Solutions S. A. C. y Tevimed S.A.C. tenían una vinculación en común debido a que en diciembre de 2019 se asociaron en un consorcio para lograr un contrato con la Red de Salud Valle del Mantaro, la cual está bajo la Unidad Ejecutora del Gobierno Regional de Junín. Como consecuencia de este rosario de irregularidades, la Contraloría certificó que los funcionarios involucrados permitieron y gestionaron el cambio de las camas eléctricas y aspiradores de secreción rodable fuera del tiempo estipulado en el contrato para que sean utilizados al inicio de la emergencia sanitaria.
El informe de la Contraloría se ha remitido al gobernador regional Fernando Orihuela, quien reemplaza en el cargo a Vladimir Cerrón. Sin embargo, tal como decíamos al inicio, entre los 19 funcionarios involucrados en este nuevo faenón se encuentran cinco de las filas de Perú Libre. Estos son Bladimir César López Leyva, Clever Ricardo Untiveros Lazo, Nelly Yanett Escurra Dávila, Marcos Domingo Saravia Alvarado y Luis Gonzalo Martínez Huamán.
Hay que señalar que en un informe anterior de la Contraloría, desglosado por CARETAS, Salvatierra Rodríguez, director regional de Administración y Finanzas; Saravia Alvarado, subdirector de Abastecimientos y Servicios Auxiliares; y Martínez Huamán, especialista en contrataciones en la Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares contratado bajo el régimen CAS, también fueron señalados de haber provocado un perjuicio económico de S/2 709 774 al favorecer al Consorcio Huancayo en la construcción y mejoramiento de la obra del colegio Mariscal Castilla, en el distrito de El Tambo (Huancayo).
