“En el VRAEM no va a haber erradicación. Que quede claro. ¿Qué va a haber en el VRAEM? Volvemos al pacto social”, se escucha enfático a Ricardo Soberón en un audio al que CARETAS tuvo acceso. Lo dijo en una reunión que sostuvo con dirigentes cocaleros del VRAEM este mes.
El “Pacto Social Ciudadano” al que alude Soberón es un documento de 12 páginas que ya ha sido aprobado por el Ejecutivo el pasado 17 de marzo. Es decir, esta es la estrategia antidrogas oficial del gobierno del profesor Pedro Castillo. “Esta estrategia es una copia mal hecha del llamado control social boliviano. ¿Y en qué consiste? En que el campesino se comprometa a autoerradicarse”, sostiene Rubén Vargas, exjefe de Devida y especialista en política antidrogas.
En efecto, en la página 11 del documento aprobado por el Ejecutivo, uno de los compromisos de las organizaciones de productores de hoja de coca es “reducir voluntaria y gradualmente el área de cultivo de coca, hasta los ímiites que establece la demanda tradicional e industrial lícita”.
Sin embargo, esta política está dirigida solo a los productores licenciados por la Empresa Nacional de Coca (Enaco) que, de acuerdo con la normativa actual, producen solo 2.5 mil toneladas de las 95 mil que se producen en total en el Perú. El programa está dirigido a reducir a menos del 3 % la producción nacional. Entonces, no se aborda el problema real: el cultivo ilegal que va a parar a manos del narcotráfico, que significa un 90 % (el 7 % restante se comercializa ilegalmente, pero con fines tradicionales e industriales).
Otro de los vacíos de esta política, trazada por Soberón y aprobada por Castillo, es que no delimita las consecuencias para los campesinos que no cumplen los compromisos del “pacto social”. ¿Si los productores no reducen su producción de coca, el Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales (CORAH) la erradicará? ¿Quién controlará el cumplimiento de estos compromisos?
No es la primera vez que el modelo de autoerradicación se plantea en el país. En el año 2004 se aplicó en el Alto Huallaga, Aguaytía, y Padre Abad de Ucayali. Según el informe de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, las áreas autoerradicadas fueron “cultivos de coca en abandono o proceso de abandono”. “Fue un absoluto fracaso”, recuerda Vargas.
En el 2014 lo intentaron de nuevo. Durante el gobierno de Ollanta Humala se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y uno de los gremios de los campesinos cocaleros, la Fepravae. En el acta se acordó sacar a Devida del Vraem para que la actividad la lidere el Ministerio de Agricultura. Plantearon un “programa de reconversión productiva”. Este consistía en que los campesinos redujeran sus cultivos y, a cambio, el Gobierno les daría 600 soles mensuales durante tres años por cada hectárea erradicada. También se ofrecieron programas sociales y de desarrollo alternativo. La meta era “reconvertir” cinco mil hectáreas. Sin embargo, “ese año no se lograron reconvertir ni 200 hectáreas”, recuerda Vargas. “Pero sí empezaron a pagar a los campesinos que supuestamente se estaban reconvirtiendo”, añade.
Según el ministro de Agricultura de ese entonces, Juan Manuel Benites, no se logró el objetivo porque “el costo de la hoja de coca destinada al narcotráfico seguía siendo alto y, por eso, era muy difícil convencer a los cocaleros para que dejaran de sembrarla”. También porque “hay grupos agitadores que amedrentan a los productores y los ponen en contra del proceso de reconversión”. El narcotráfico usó sus métodos para asegurarse de contar siempre con la materia prima para elaborar el clorhidrato de cocaína.
Según un informe de Naciones Unidas, al 2016 se reconvirtieron, en total, solo 370 hectáreas. El “intento” le costó al Perú más de 300 millones de soles. “Fue un programa absolutamente demagógico. El Gobierno pagó 600 soles por hectárea que supuestamente se erradicaba y muchos campesinos declararon que estaban erradicando áreas que nunca dejaron de producir coca. Dijeron que ese programa se entendía como el último intento por dejar que los propios cocaleros se autoerradiquen. Si no funcionaba, entraba la erradicación forzada”, comenta Vargas. En pocas palabras, se pretende volver a implementar un modelo que ya ha sido aplicado en Perú sin éxito.
Peor todavía —a diferencia de los proyectos anteriores— este no cuenta con un plan de acción claro y carece de sustento técnico. Esta crítica ya fue planteada en el Ejecutivo. Aún así, Soberón, con la venia del premier Aníbal Torres y del presidente Castillo, siguió adelante.
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Hasta que el plan se ejecute, Soberón sigue con su rutina. El último viernes, el dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios de las Cuencas Cocaleras (CONPACC), Guillermo Mendoza, alertó a CARETAS de la erradicación forzada en la zona del Alto Huallaga. “En el Alto Huallaga se está erradicando hoja de coca cuando aquí en la provincia Leoncio Prado no hay mucha coca. Son 14 años consecutivos donde erradican coca en el mismo lugar”, comenta Mendoza. “El domingo habrá una reunión en Tingo María con todo los alcaldes y los agricultores para tomar la decisión de una huelga encabezada por los alcaldes”, añade.
“Es lógico que los dirigentes del Alto Huallaga se sientan castigados porque el abogado de los cocaleros ilegales (Soberón) propone la autoerradicacion. Pero, a la vez, está promocionando el proyecto de ley de Bermejo que busca legalizar todo cultivo de hoja de coca. Lo que están ocasionando Soberón y el Gobierno es una reacción en contra porque hay un trato desigual, un favorecimiento descarado a la hoja ilegal y no a la de otras zonas”, afirma el especialista en alusión a la desproporción con la que el jefe de Devida decide en qué zonas erradicar.
Esto ya lo tenía planeado. “Es claro que la erradicación va a haber en otros sitios hasta llegar a 18 mil hectáreas. ¿En qué lado no podemos permitir? Áreas naturales protegidas, Bahuaja Sonene, Manu Madre de Dios, bosques de protección, Ucayali, en territorios indígenas tampoco, si es que ellos no lo quieren. Nos costó pero convencimos al Ministerio del Interior”, dice Soberón en el audio.
“Yo le dije al ministro Guillén que deje espacio y flexibilidad para poder trabajar nuestra propuesta; si de frente entramos con la pata en alto a erradicar 25 mil hectáreas, no vamos a poder trabajar, se va a generar efervescencia, conflicto social”, agregó. Según el audio, Soberón se jacta de haber “logrado” reducir la meta anual de erradicación de 25 mil hectáreas a 18, ninguna de las cuales afecta la zona del Vraem. Un “logro” para sus antiguos defendidos del Fepravrae.
Al erradicar en zonas de baja producción, Soberón le estaría dando aire a los productores ilegales del Vraem hasta que la ley Bermejo se haga realidad.
“Lo que está pasando en este momento en la mal llamada estrategia contra las drogas es más bien un favorecimiento descarado a la coca ilegal del Vraem. Estamos frente a un fenómeno de economía ilegal, a organizaciones criminales ¿y el Gobierno lo que propone es la autoerradicacion? Es ilógico”, sostiene Vargas.
En la lucha antidrogras, Soberón tiene un grave conflicto de intereses por su pasado como abogado de cocaleros ilegales. Esto sucede en un país donde es sabido que esta actividad alimenta al narcotráfico que, a su vez, financia al terrorismo.
