La fiscal de la nación se va de vacaciones desde el 6 de enero, como parte de sus actividades cumplidas durante el periodo 2019-2020. Según la resolución del Ministerio Público, emitida en diario oficial El Peruano el pasado 31 de diciembre, fue la misma Zoraida Ávalos quien solicitó un día antes el permiso correspondiente.
“Conceder licencia para el goce de sus vacaciones a la señora Fiscal de la Nación y Presidenta de la Junta de Fiscales Supremos, doctora Zoraida Ávalos Rivera, a partir del 6 de enero al 20 de enero de 2022 y del 15 de febrero al 1 de marzo de 2022 (periodo 2019-2020), y del 1 de agosto al 30 de agosto de 2022 (periodo 2020-2021)”, señala la publicación.
En su reemplazo, asumirá el cargo Pablo Sánchez, quien cumplirá las funciones de fiscal de la nación y presidente de la Junta de Fiscales Supremos.
Actualmente, las más altas autoridades de la Fiscalía solo tienen a dos miembros en actividad: el fiscal supremo titular, Pablo Sánchez, y la fiscal de la nación, Zoraida Ávalos. Cabe precisar que Ávalos culmina su gestión en marzo del 2022. Según la Ley Orgánica del Ministerio Público, este órgano está integrado por cinco fiscales. Sin embargo, para sesionar se necesita un mínimo de tres integrantes activos, que no hay.
Esta es una crisis que avanzó lentamente en los últimos meses. La Junta Nacional de Justicia ya había destituido a otros fiscales supremos, como Pedro Chávarry, por el deslacrado de una oficina intervenida por el fiscal José Domingo Pérez y por haber mentido sobre su conversación con César Hinostroza; Tomás Gálvez por incurrir en una falta grave y en actos considerados incompatibles con el cargo que desempeña; y Víctor Rodríguez Monteza por incurrir en faltas disciplinarias muy graves y por haber comunicado y alertado a la red criminal «Los Cuellos Blancos de Puerto» que sus conversaciones estaban siendo interceptadas.
Como Chávarry, Gálvez y Rodríguez Monteza aún no han sido reemplazados, la decisión fue de la misma beneficiada y Pablo Sánchez.
Por otro lado, Ávalos fue denunciada constitucionalmente por presunto delito de omisión de funciones, al no haberse pronunciado sobre la denuncia del procurador Daniel Soria contra el presidente Pedro Castillo, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en el caso de puente Tarata.
