El nudo gordiano peruano.
Escoltado por una caótica alianza de izquierda, Pedro Castillo encabeza un gobierno que aniquila con rapidez al aparato público. Termina perpetrando un golpe de Estado que se anunciaba como una autocracia sanguinaria, pero no le liga al carecer de respaldo militar y policial.
La supuesta reacción popular que esperaban más rápido Castillo y sus cómplices Aníbal Torres y Betssy Chávez, a quienes la Fiscalía investiga por rebelión, toma un tiempo más y deviene en un estallido social que se va para los dos meses y se cobra 60 vidas.
Esa izquierda que sustentó el desastre de Castillo reclama la renuncia de Dina Boluarte, cuya sucesión constitucional no alberga duda. Amenazan además con meterla presa, lo que asegura que la señora se aferrará como al cargo como sea. Las protestas en Chile del año 19 y las de Colombia el 21 terminaron con números significativos de víctimas mortales. Pero ahí ni el presidente Sebastián Piñera ni Iván Duque se fueron presos.
La única que terminó en la cárcel fue Jeanine Añez, que sucedió Evo Morales, aunque provenía del Congreso y no de su propia plancha presidencial, que es el caso de Boluarte. Bolivia, prácticamente dividida en dos, es de ese grupo de países el que más se aleja de un Estado democrático. El Perú no debería mirarse en ese espejo.
Almirantes retirados Jorge Montoya y José Cueto advierten que Renovación Popular no apoyará ninguna fórmula de adelanto. 
La ira baja por momentos, pero no cesa. También abunda material sobre asistencia económica y logística para mantenerla.
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“Lo concreto es la primera votación, con 93 votos a favor, para elecciones en abril del 24″.
Pero ahí apunta la izquierda herida con el suicidio político de Castillo y que, además de la venganza que poco se entiende contra Boluarte, quiere meter a como dé lugar un referendo para consultarle al electorado si quiere una Asamblea Constituyente. Si no viene en combo, no votarán por el adelanto de elecciones, como quedó en evidencia el miércoles 1, cuando el dictamen de la Comisión de Constitución presidida por el fujimorista Hernando Guerra García que proponía elecciones complementarias para este año. Es decir, para elegir autoridades que cumplirían el mandato del quinquenio en curso, hasta el 28 de julio del 2026. Tras siete años de conflictividad sin pausa, el Perú seguiría en campaña permanente.
Muertos pesan y Boluarte, que cumplió la sucesión, carga mochila. (FOTO: VÍCTOR CH. VARGAS).
Para las elecciones complementarias de este año se necesitaban 87 votos para pasar a votación en segunda legislatura y al menos 66 para que esa segunda ronda fuera reemplazada por referéndum. Pero solo 54 votaron a favor, 68 en contra y 2 en abstención.
Entonces, de inmediato se votó una cuestión de orden de Alejandro Cavero y Adriana Tudela para votar el dictamen en minoría del perulibrista Jaime Quito, que al adelanto de elecciones para este año le sumaba el referéndum sobre la constituyente. Tuvo 52 votos a favor, 58 en contra y dos abstenciones. El Pleno, entonces, se suspendió hasta la mañana del jueves 2.
Hay que recordar que, hasta ahora, lo único concreto fue la primera votación en diciembre, con 93 votos a favor, que aprobó el adelanto de elecciones para abril del 24. Allí falta la segunda votación.
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Cambiar de abril del 2024 a octubre del 2023 la fecha para el adelanto de elecciones generales dividió al autodenominado “bloque democrático”. La fricción fue tal que Diego Bazán (Avanza País) consideró que el fujimorismo saboteó el adelanto de elecciones y dejó claro que su grupo parlamentario solo apoyaría las nuevas elecciones, previa reforma política, pese a que el Parlamento no alcanza el consenso para que la aprobación de las mismas quede solo en manos del Legislativo.
La fórmula propuesta apuntó a que la presidenta Boluarte convocaría a elecciones en diciembre del 2023 y que el cambio de mando se daría el 30 de abril del 2024. Los congresistas electos en estos comicios asumirían el 30 de abril de ese año y tanto Ejecutivo como Legislativo complementarían el periodo constitucional cuyo fin es el 28 de julio del 2026. El texto no incluía a los parlamentarios andinos, hecho que fue cuestionado por todas las bancadas.
“Hasta hace poco lo que se buscaba era tener menos partidos, pero ahora buscamos más”.
Estas elecciones complementarias tuvieron el visto bueno de Acción Popular (AP) y el Bloque Magisterial. Así lo manifestó a CARETAS José Arriola, vocero alterno de dicho grupo parlamentario y Paul Gutiérrez, portavoz magisterial en el Pleno. Sin embargo, congresistas como Susel Paredes (no agrupada) y Digna Calle (Podemos Perú), cuestionaron que los actuales legisladores buscarían reelegirse el 26.
Cualquier movimiento para tratar de que los parlamentarios se reelijan en el Perú se ha convertido en una herejía insoportable. Se alude usualmente a la desconexión e indolencia de los congresistas, pero al mismo tiempo se sabe que la tasa de reelección en el Perú ha sido históricamente muy baja y nos damos golpes de pecho porque doctrinariamente se señala a la prohibición de reelección como un factor para explicar la deficiente calidad del parlamento. Lo que ocurre ahora, como pasó durante el gobierno de Martín Vizcarra, es que resulta necesario castigar a los parlamentos cuyos mandatos se encuentren vigentes.
Este rechazo al Congreso también pone en cuestión la posibilidad de sacar adelante las reformas electorales necesarias para “cambiar las reglas de juego” y permitir la entrada de “nuevos actores políticos”. Hasta hace poco lo que se buscaba era tener menos partidos, pero ahora buscamos más. Porque los que hay son rechazados y vientres de alquiler, claro está. Pero prácticamente todos los congresistas actuales son nuevos.
El APRA está por aprobar su reinscripción. ¿Qué deberíamos pensar de ello en este ambiente?
Por el otro lado está aprobada la ley para elecciones primarias abiertas –todo el mundo vota– pero en las primarias voluntarias que se dieron antes votaron cuatro gatos. La política no puede estar más desacreditada (y ahí el grado de responsabilidades son amplios y complejos, ojo) pero pareciera que el país verá crecer líderes nuevos por decreto, entre los arbustos.
Presencia policial del centro se extendió a los alrededores del aeropuerto. Pero en el Callao manifestantes fueron eyectados. (FOTO: VÍCTOR CH. VARGAS).
“Rechazo al parlamento también pone en cuestión la posibilidad de sacar adelante las reformas”.
El ministro de Justicia, José Tello, es experto en reformas electorales y bien podría presentar propuestas que sean las más viables y necesarias para estos tiempos. Se ha referido al exceso de litigiosidad electoral como uno problema que afectó las últimas elecciones.
El Gobierno, mientras tanto, no se quedará de brazos cruzados.
Boluarte anunció el domingo 29 que de fracasar el adelanto de elecciones para el 23, presentaría dos propuestas. Otra más para que las elecciones sean el 23. El tiempo de mandato en ese caso sería de cuatro años y medio. Es decir, culminaría a mediados del año 28.
La presidenta también anunció que presentaría otro proyecto de ley para encargarle a ese próximo Congreso la reforma total de la Constitución. Son iniciativas que han sido vinculadas a las conversaciones que mantuvo con el exparlamentario de izquierda Richard Arce y el constitucionalista Luciano López. Lo de la reforma constitucional perdió mucha fuerza dentro del Ejecutivo en los días posteriores al anuncio.
En medio del juego de suma cero, hay un escenario que parece estar tomando fuerza en Palacio Legislativo. Si Boluarte renunciara a la Presidencia, el Congreso debería convocar inmediatamente a elecciones. Sin embargo, existe el riesgo de que se interprete que, asumiendo José Williams la jefatura del Estado, se convoque solo a elecciones presidenciales para completar el periodo. Esa fue la postura que sustentó Gladys Echaíz (Renovación Popular).
Dado que la renuncia es altamente improbable, la posibilidad de vacar a la mandataria y forzar así las nuevas elecciones parece ganar fuerza. Así lo manifestó a esta revista Nieves Limachi (Perú Democrático), quien indicó que tener mayor adhesión a esta propuesta depende de que se apruebe el adelanto de elecciones.
Darwin Espinoza (Acción Popular), se manifestó también en ese sentido en el Pleno; la vacancia de Dina Boluarte podría adelantar el proceso electoral en un lapso mucho más breve, teniendo en cuenta que ya existe una moción de la que aún no se ha dado cuenta.
En el debate, Guido Bellido (Perú Bicentenario) cuestionó que no se haya dado cuenta de la moción de vacancia presidencial, primer paso para que pueda votarse su admisión a debate en una siguiente sesión.
En Perú Libre, el vocero Flavio Cruz, coincidió en que la renuncia presidencial aceleraría el proceso, pero al ser consultado por el apoyo a la vacancia solo atinó a decir que “por hoy, no es prioridad”.
Tanquetas y camiones antimotines pasaron a ser parte del paisaje.
La vacancia volvería al escenario de la venganza descrito al principio de este artículo. El escenario que padecemos hoy responde al desastre orquestado por Pedro Castillo y a la estrategia de sus músicos de cambiar la partitura para salvar la cara y fugar hacia adelante.
¿Incluso si se llegara al adelanto de elecciones se calmaría la violencia en la calle? Porque la izquierda ya dejó en claro que, sin referéndum constituyente pensado para cambiar el capítulo económico de la Constitución hacia un modelo estatista, la indignación no cesará. El nudo peruano.
