Congresistas de diversas bancadas presentaron una moción que busca interpelar al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Waldo Mendoza, luego de que el Ejecutivo presentara acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra diversos dictámenes aprobados por el Congreso.
En ese escenario, CARETAS conversó con el congresista Lenin Checco, del Frente Amplio, quien también impulsa la interpelación. “El ministro de Economía será interpelado por afectar distintos derechos laborales y traicionar los intereses y expectativas del pueblo al solicitar la inconstitucionalidad de las normas aprobadas por el Congreso relacionadas al Fonavi, Negociación Colectiva y el régimen CAS”, detalló.
Según la moción, el titular del MEF deberá responder un pliego interpelatorio de 27 preguntas relacionadas con la eliminación progresiva del régimen laboral de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
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El pasado 23 de abril, el Pleno del Congreso aprobó por insistencia la devolución de los aportes realizados al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), estableciendo mecanismos y procedimientos para la reposición efectiva e inmediata de las aportaciones y priorizando a la población vulnerable como consecuencia de la pandemia del Covid-19. Además, según esta ley, el beneficio de la devolución de las contribuciones alcanzará a todos los trabajadores, dependientes e independientes que aportaron al Fonavi.
“Este Gobierno manifiesta que la Ley de Fonavi y negociación colectiva son dos iniciativas costosas para este Gobierno y para los siguientes. No se puede coordinar con el Ejecutivo porque siempre muestra nula disposición de trabajar conjuntamente, y una muestra de ello es que observó la autógrafa del Congreso que luego fue aprobada por insistencia, dada la urgencia de facilitar la devolución de los montos correspondidos por los fonavistas”, explicó el parlamentario.

Asimismo, para Checco, tras lo manifestado por Mendoza, “los derechos laborales reconocidos por la Constitución política y los tratados internacionales que el Perú ha ratificado, atentan y contravienen la Hacienda Pública y el equilibrio y estabilidad presupuestaria”.
En otro momento, agregó que la precarización laboral es la política pública que han implementado los últimos gobiernos. De los cuatro regímenes laborales en el sector público (DL 276, DL 728, Ley 30057, DL 1057), casi el 60 % de los trabajadores públicos —aproximadamente 500 mil— están empleados como servidores CAS.
Preguntas para el ministro
De las preguntas del pliego interpelatorio al ministro de Economía, figuran aquellas que abordan la imposibilidad de elaborar una propuesta alternativa al régimen CAS y la labor del Ejecutivo para devolver a los fonavistas el total de sus aportes que fueron descontados de sus remuneraciones, entre otras. También cuestionan el porqué este Gobierno se opone a eliminar el régimen CAS, el cual precariza el trabajo de los servidores públicos, implementado y defendido como política pública.
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Para el congresista del Frente Amplio, lo único que da a entender este Gobierno “es que el régimen CAS se encuentra de acuerdo con los pilares de la política nacional de modernización de la gestión pública, es decir, en favor de la precarización laboral”.
Finalmente, resaltó que, en plena crisis sanitaria, “el ministro de Economía y Finanzas se niega a cumplir leyes a favor de los trabajadores. Por estos motivos sumamente graves, consideramos que resulta prioritario y de extrema urgencia que el ministro de Economía proceda a dar explicaciones a esta representación nacional cuanto antes”.