El abogado Eduardo Pachas Palacios, quien actualmente ejerce la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, es un hombre con recorrido en medios de comunicación y con una aparente simpatía por Fuerza Popular y por su líder, Keiko Fujimori. O así deja entrever algunos de sus comentarios en entrevistas, cuestionando el accionar del fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho.
En marzo de este año, el abogado fue entrevistado por el programa “El público tiene la palabra”, donde fue consultado por las implicancias penales del caso “Vacunagate”, en el que altos funcionarios del Estado se beneficiaron irregularmente durante el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm.
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Desde esa tribuna, se le consultó su opinión sobre la responsabilidad de las autoridades respecto a este caso y a la pérdida de vacunas que se denunciaron en aquel momento. El actual defensor del mandatario aprovechó ese momento para cuestionar la labor del Ministerio Público, dando la siguiente declaración: “así como la Fiscalía pide 50 años a Keiko que también actúen inmediatamente este fiscal Domingo Pérez, este juez Carhuancho. Así como pone presos a funcionarios, a miembros de un partido, también que actúe cuando se pierden las vacunas, que actúe cuando vacunan a un ministro que no tiene nada que ver”. Lo curioso del caso, es que no se había mencionado a Fujimori Higuchi. Ni siquiera se había mencionado al fujimorista Alejandro Aguinaga quien también estuvo implicado en el sonado caso. El comentario fue espontáneo.
En declaraciones para el diario Extra, el abogado consideró que el proceso en curso contra la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori era “nulo” porque su abogada, Giuliana Loza también fue acusada por el Ministerio Público. “Ello por demás es absurdo e inconstitucional, al margen de ser abusivo por parte de la Fiscalía trae como consecuencia la nulidad del proceso penal”, sostuvo en aquella ocasión.
En dicha entrevista Pachas cuestiona que la Fiscalía acuse a Fujimori Higuchi sin haber precisado cuál es la estructura de la presunta organización criminal que lideraría. También consideró que era “muy difícil” que sea acusada por crimen organizado debido a que “a todo hecho delictuoso no se le puede llamar crimen organizado”.
“En el caso de Keiko Fujimori por ser un partido político que la propia constitución y la ley de partidos la ampara, es decir, es un hecho legal y jurídico permitido por las leyes del Jurado Nacional de Elecciones”, argumentó durante esa entrevista.
