El informe final de las Denuncias Constitucionales 423 y 427, presentado por el congresista Jim Mamani Barriga, de la bancada Nueva Constitución, recomendó la inhabilitación de los exaltos funcionarios del Estado implicados en el caso Vacunagate, que como se recuerda también lo integran familiares y personal de salud que no le correspondían las dosis contra la COVID-19 de la empresa china Sinopharm.
En ese contexto, el Congreso abrió una investigación que se plasmó en el informe que sugiere la inhabilitación del ejercicio de la función pública por un año para la excanciller, Elizabeth Astete. Como se sabe, la excanciller manifestó haberse reunido con Violeta Bermúdez, titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, el 11 de febrero en donde le preguntó si había informado al presidente sobre su vacunación antes o después de haberse efectuado la misma. “Le dije de manera enfática que yo había avisado al presidente antes de mi vacunación. Luego de escucharme, la primera ministra me solicitó no involucrar al presidente”, detalló Astete.
Por otro lado, el informe recomienda inhabilitar a la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, por ocho años. En esa línea, es importante recordar que la vacunación fue su “decisión”: “Ningún funcionario o empresa ha influido en mi decisión”. Asimismo, señaló que lo hizo motivada “por la situación tan compleja que estamos viviendo”.
Finalmente, el documento emitido por Mamani, recomienda inhabilitar por 10 años al expresidente, Martín Vizcarra, que postular al Congreso con Somos Perú. Como se sabe, Vizcarra también enfrentó un pedido de 18 meses de prisión preventiva y 34 años de prisión efectiva interpuesto por el fiscal Juárez por recibir presuntas coimas de los consorcios Obrainsa e ICCGSA por la adjudicación de Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.
InformeFinal-Vacunagate-29.03.21.docxR_EN DESARROLLO…
