Una decisión del gobierno podría dejar sin empleo a un millón de trabajadores de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE) del emporio comercial de Gamarra, si no se aplican las salvaguardias que benefician a las empresas textiles peruanas.
Un informe preliminar del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) recomendó aplicar medidas de salvaguardias provisionales durante 200 días sobre las importaciones de confecciones. Sin embargo, el 14 de mayo, en la víspera del Día de la MYPE el gobierno de Pedro Castillo, a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), decidió no aplicar esta disposición.
“Con esta decisión ponen en riesgo un millón de puestos de trabajo”, advirtió a CARETAS, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra y agregó: “Para nosotros esto es la prueba de la nula voluntad política por resolver este problema. Los argumentos con los que defienden esta decisión son los mismos del sector importador”.
Para la representante de los comerciantes textiles, el sector importador lo que quiere es que mil MYPEs desaparezcan “para quedarse con el monopolio del mercado peruano y la industria peruana desaparezca”.
Saldaña explica que las salvaguardias deben aplicarse bajo dos condiciones que ya reglamentó la Organización Mundial del Comercio (OMC). Primero, por exceso de importaciones, que en el Perú asciende al 97% y el 3% solo lo cubre el mercado nacional. Segundo, que exista daño o amenaza de daño a la industria nacional, y existe porque no hay igualdad de condiciones.
“Hay tanta ropa importada en el mercado nacional que los microempresarios peruanos que fabrican sus prendas no tienen a quién venderle (…). Esto lo debe corregir el gobierno con una medida de emergencia como las salvaguardias”, comentó.
En tanto, la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), estima que la no aplicación de la salvaguardia temporal afectaría a alrededor de 95,000 empresas, 430,000 empleos directos formales y a un millón de trabajadores en toda la cadena productiva de la ropa. Asimismo, ocasionaría que unas 25,000 empresas pasen a la informalidad.
Esta es una necesidad que ya se había expuesto al ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. No obstante, desde el Ejecutivo argumentaron que el Congreso se opondría. Pero esta solo era una excusa, pues la decisión no compete a Legislativo. Tras ello, dijeron que se iba a aplicar las salvaguardias, situación que nunca ocurrió.
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En este contexto, el 19 de mayo el Ejecutivo ha declarado al sector textil y de confecciones en emergencia durante 60 días calendarios a nivel nacional. Lo que se busca es ejecutar un plan de reactivación que incluye acceso al financiamiento y fomentar el fortalecimiento de las capacidades, competitividades y la productividad, además de brindar facilidades a las pequeñas empresas para acceder a las compras públicas.
Saldaña considera que esta decisión se tomó de espaldas del sector y cambiando arbitrariamente las prioridades de los empresarios textiles. “¿Para el financiamiento y el fortalecimiento de las capacidades se necesitaba decretar la emergencia?”, se cuestiona.
También señala que la declaratoria de emergencia no considera a los informales que son el mismo número que los formales, pero se llevan el 40% de las ganancia porque no cumplen con sus obligaciones de ley como pagar impuestos.
