La Defensoría del Pueblo ha registrado 209 conflictos sociales a nivel nacional, donde la situación se torna más preocupante porque logró verificar que 10 regiones concentran el 68% de los problemas sociales y tan solo dos de ellas, Loreto y Puno, cuentan con una oficina especializada en la materia. Como parte de la supervisión que realiza a la gestión de la conflictividad social a nivel nacional, identificó que solo ocho gobiernos regionales cuentan con una oficina o área especializada en prevención y gestión de conflictos sociales en funcionamiento.
Estas oficinas han sido formalizadas a través de una norma de creación o incorporadas en los reglamentos de organización y funciones. Se trata de los departamentos de Arequipa, Ayacucho, Loreto, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali. De estas, solo dos cuentan con personal especializado en gestión de conflictos. Cabe señalar que el Gobierno Regional de Piura cuenta con una Comisión para la Prevención y Gestión de Conflictos Sociales en la que participan diferentes gerencias regionales, pero no constituye una oficina. Por su parte los gobiernos regionales del Callao y Lima cuentan con oficinas especializadas en la prevención de conflictos laborales, pero no abordan otros tipos de conflictos sociales.
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La institución indica que tampoco existe una oficina en las regiones con mayor número de conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera como Áncash (12), Apurímac (11), Cusco (10), Cajamarca (8) y Pasco (6) que, en conjunto representan el 52.8 % del total de casos.
Cabe señalar que, si bien los conflictos sociales vinculados a la gran y mediana minería están enmarcados dentro de las competencias del Gobierno nacional, estos impactan en las economías locales. Sus jurisdicciones son el espacio de las protestas, algunas de ellas muy violentas, y la legitimidad de sus autoridades no está a salvo del rumbo que tome el conflicto.
Respecto a las demandas presentadas en los conflictos sociales en el último mes, en el 31 % los gobiernos regionales o locales tienen competencia para atenderlas y se refieren principalmente a la prestación de servicios públicos, transparencia e integridad, protección del medio ambiente, erradicación de actividades ilegales, entre otros. Ahora bien, existen 23 conflictos sociales por asuntos de gobierno regional y de gobierno local en los que se cuestiona directamente su gestión pública.
En ese sentido, para la Defensoría del Pueblo es necesario implementar y fortalecer oficinas especializadas en prevención y gestión de conflictos sociales en los gobiernos regionales, atendiendo a las tendencias crecientes de la conflictividad social, no solo en número sino en intensidad.
“La prevención y gestión de conflictos sociales desde los gobiernos regionales es de vital importancia para enfrentar la conflictividad social porque permite un análisis más cercano de las dinámicas regionales y locales, una participación más activa y especializada de en los espacios de diálogo y una mayor coordinación con el Gobierno nacional y las municipalidades”, precisó Rolando Luque, adjunto para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.
