La fiscal Zoila Sueno solicitó al Poder Judicial medidas de comparecencia con restricciones contra la ex viceministra de Transportes y actual presidenta de EsSalud, Fiorella Molinelli además de una caución de S/. 100 mil para garantizar su colaboración con la investigación. La solicitud alcanza a otros 12 investigados por el caso del aeropuerto de Chinchero en el Cusco.
Aunque el pedido de la fiscal no compromete al presidente Martín Vizcarra debido a que solo se le puede investigar culminado su mandato, el procurador anticorrupción Amado Enco declaró que el Ministerio Público “habría encontrado” responsabilidad en el mandatario.
Curioso el caso del proyecto de Chinchero. Los cuestionamientos de la Fiscalía están centrados en la adenda que Molinelli firmó durante la gestión de Vizcarra frente al MTC. Sin embargo, lo que se pretendió hacer con la adenda fue corregir los errores del contrato original, firmado durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala. Es la propia Contraloría General de la República la que, a través de sus tres últimos titulares, alertó que el problema era del contrato al no establecer fecha límite de cierre financiero ni tasa máxima de interés.
El consorcio Kuntur Wasi se hizo de la buena pro de la Asociación Público Privada (APP) en abril de 2014. La inversión total del proyecto era de US$ 658 millones y el ganador ofertó un cofinanciamiento del Estado, vía Pagos por Avance de Obra (PAO), por US$ 264.75 millones. La concesión del aeropuerto se dio a 40 años y KW también ofreció el 100% del reintegro del cofinanciamiento sobre los ingresos aeroportuarios superiores a los US$ 35 millones. KW estaba integrado por la peruana Andino Investment Holding y la argentina Corporación América.
Pero como lo explicó en marzo del 2017 el entonces ministro Vizcarra a CARETAS, la falta de tope en los intereses traía como consecuencia que estos llegaban a los US$ 589 millones a lo largo de la obra. La inversión del Estado llegaba así casi a los US$ 840 millones.
El propio excontralor Édgar Alarcón remitió un oficio a Vizcarra el 12 de octubre en el cual recomienda “negociar con el Concesionario la tasa de cierre financiero del Pago por Avance de Obra (PAO) o su equivalente en el valor de la cuota PAO Trimestral, de manera de buscar un mejor resultado que lo propuesto, debiendo siempre cautelar que no se afecte el equilibrio económico-financiero del proyecto… obtener la opinión del MEF ante la eventualidad de asumir un mayor monto del PAO trimestral o la posible afectación del equilibrio económico-financiero del proyecto”.
¿Qué iba a resultar de la negociación? Una adenda. El papel de Alarcón en el entuerto, que llegó a grabar al exministro de Economía, Alfredo Thorne, cuando él mismo enfrentaba graves acusaciones por corrupción que terminaron en su destitución en el Congreso, se hace aún más cuestionable. El 4 de noviembre del 2016, la Corporación Andina de Fomento (CAF) presentó al MTC su reporte de conclusiones y recomendaciones en apoyo del PAO Trimestral de la obra.
El hallazgo más importante de la fiscal Sueno es que en la laptop que se incautó al gerente general de KW, Juan Carlos Balta, se encontró una versión de este informe grabado dos semanas antes. La defensa de Molinelli argumenta que el documento se elaboró en Venezuela y que a lo largo de varias semanas se enviaron versiones preliminares del documento. El artículo 54 del reglamento de la ley de APP establece que “los postores pueden solicitar reuniones y acceder a la documentación pública disponible relacionada con el proyecto”. En el documento final, por cierto, no se incluye ninguna referencia a una naturaleza confidencial del documento.
La fórmula propuesta por la CAF reducía los intereses en US$ 120 millones, para un total de US$ 469 millones. A Vizcarra le parecía “una reducción importante, pero seguía siendo un monto elevado de intereses”. El concesionario reclamaba 60 cuotas trimestrales de la PAO por US$ 14 millones. El MTC ofrecía cuotas de US$ 8 millones. La CAF apuntaba a US$ 12 millones. Vizcarra fue llegando al convencimiento de que el Estado financiara su parte sin los intereses. Las conversaciones con Thorne llegaron a buen puerto: la obra podía incorporarse al presupuesto público.
El 2 de diciembre de 2016, Manuel Carrillo, gerente de regulación y estudios económicos de Ositran, escribió un correo electrónico a Yaco Rosas, director general de concesiones del MTC. Allí repasa los puntos sobre la reunión del día previo sobre la “evaluación conjunta para la adenda de Chinchero”. Esto comprueba las coordinaciones previas con Ositran.
El 5 de diciembre de 2016, Goldman Sachs le envió a Kuntur Wasi una comunicación en la que manifiesta “la necesidad que se efectúen ciertas modificaciones” que resultaban “indispensables para que los Acreedores Permitidos puedan alcanzar el Cierre Financiero del Proyecto”.
En resumen, sin saber la tasa de interés no los financiaban.
El 20 de enero el directorio de Ositran votó 2 contra 1 a favor de la adenda. Los directores Antonio Balbuena y Alfredo Dammert se inclinaron a favor. En contra votó la presidenta Patricia Benavente, que una semana más tarde presentó su renuncia. Dammert cuestionó que Benavente hubiera aceptado el cuestionado contrato del 2014. “¿No quería que se hagan modificaciones?”, inquirió (CARETAS 2479). Los trascendidos provenientes del Ejecutivo apuntaban a la decisión previa de relevar a Benavente como el motivo detrás de su disenso.
El 27 de enero, el mismo día de la renuncia de Benavente, un informe del MEF firmado por Camilo Carrillo, de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, comunicó a Molinelli la “opinión favorable a la propuesta de adenda al no existir observaciones de las áreas técnicas del Ministerio”.
El 3 de febrero de 2017, la resolución ministerial firmada por Vizcarra delegó a Molinelli la firma de la adenda. En marzo, y debido a la emergencia en el norte, Vizcarra respondió por escrito un pliego interpelatorio al Congreso. En la computadora de Balta de KW se encontró una versión que no corresponde a las respuestas finales. De nuevo, los borradores pasan por asesores de bancadas y varios funcionarios ministeriales antes de ser terminados.
El 21 de mayo, en medio de la creciente tensión previa a la presentación del informe de la Contraloría que recomendó iniciar acciones legales contra funcionarios del MTC, MEF y Ositran, Vizcarra anunció que el gobierno dejaba sin efecto el contrato de Chinchero. Al día siguiente renunció al ministerio. Al mes siguiente, KW presentó una demanda de arbitraje ante CIADI, en Washington. El 2 de julio el contralor Alarcón fue destituido por el Congreso. Su informe es la base de las investigaciones actuales de la Fiscalía.
El proyecto del aeropuerto cusqueño ha resultado sumamente controversial en su viabilidad, pues su construcción ha continuado siendo un objetivo del gobierno de Vizcarra, y CARETAS ha publicado las opiniones de expertos que lo objetan.
Pero la línea de tiempo y documental en el caso del exministro Vizcarra y la ex viceministra Molinelli no revelan ningún viso de ilegalidad. La Fiscalía incurre en un exceso que le cae como anillo al dedo a un sector del Congreso que busca armar, por si las moscas, un nuevo muñeco de vacancia.
