Mientras se desarrolla el debate del presupuesto público con ministros recién juramentados que justifican pliegos de sectores prácticamente desconocidos para ellos, en el hemiciclo se asienta la impresión de la convulsión de los últimos días.
“En el Congreso se han dado cuenta de que los quieren cerrar”, observa una enterada fuente mientras Alejandro Salas, el titular de Trabajo, expone su parte. “Pero el Gobierno también se ha dado cuenta de que lo pueden vacar”.
El último golpe de timón por parte del Ejecutivo solo tiene sentido si el objetivo ineludible es cerrar el Congreso. Y allá no se quieren ir, como ha quedado más que demostrado con los intentos fallidos por sancionar políticamente al presidente de la República.
Hasta hace unos días no había votos para vacar, suspender o inhabilitar a Castillo. Entre los agentes económicos se digería cada vez más la posibilidad de que el mandatario completara su mandato. El cálculo era el daño que el país, en su administración pública y en su economía, podrían aguantar. La propia denuncia constitucional de la fiscal de la Nación implicaba una resolución política por parte del Congreso. Incluso la Corte Suprema, al reiterar la semana pasada la luz verde para investigar preliminarmente al presidente, dejó también en claro que no podrá ser acusado durante su período si es que no se cumplen los preceptos establecidos en el artículo 117 de la Constitución. Ya se hablaba de un nuevo primer ministro en reemplazo de Aníbal Torres que le ayudara a Castillo a tender puentes.
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Pero se produjo la absurda salida de una cuestión de confianza cuya inadmisibilidad ha sido interpretada como una negación fáctica. Esa figura quedó desterrada por el Tribunal Constitucional, al que mañana martes acudiría el Congreso para presentar una demanda competencial, que será sucedida por una medida cautelar el miércoles. Ello se suma a retomar el objetivo de la Asamblea Constituyente, que era un temor disipado entre los mencionados agentes económicos.
Además, Castillo siguió con el pie en el acelerador al designar a Betssy Chávez como primera ministra. Inexperimentada, agresiva e investigada por la Fiscalía, Betssy solo augura que la ruta siga hacia la colisión.
Su rivalidad con la vicepresidenta Dina Boluarte provocó que esta, por fin, se pare de la mesa. “Dina puede ser el punto de equilibrio”, reflexiona la fuente parlamentaria. Hasta ahora el discurso dominante de la oposición pasa por alto lo evidente. Si el Congreso se quiere quedar, lo que tiene al frente es una sucesión constitucional encabezada por la vicepresidenta.
El Ejecutivo debe haber sopesado en algo los riesgos de su última escaramuza, pues se espera que el proyecto de presupuesto general de la República que debe ser aprobado hasta el miércoles, pase en una forma muy cercana a la propuesta hecha por la Comisión del Congreso.
Mientras tanto, se esperaba que la Comisión de Constitución retome mañana martes 29 el debate del proyecto de ley para regular el procedimiento de suspensión presidencial. Según la información recogida por CARETAS, sin embargo, se esperaría salir de la aprobación del presupuesto. Mientras se desarrolla un pleno, como es el caso, las comisiones ordinarias solo pueden reunirse con aprobación expresa de la Mesa Directiva.
El congresista Edward Málaga, por su parte, anunció que planea presentar la moción de vacancia presidencial esta semana porque el ánimo porque el ánimo es distinto y la amenaza de cerrar el Congreso es explícita, como se evidencia con el acta del Consejo de Ministros en la que se oficializa esta nueva interpretación de la denegación fáctica.
Lo que ha logrado el Ejecutivo con su intentona de miedo es que las posibilidades de la suspensión y la vacancia han sido reforzadas frente a hace apenas unos días. Hasta los niños saben que el gobierno que defienden los pueden dejar sin chamba.
