La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), que cuentan con representantes de la micro, pequeña, mediana y gran empresa en el Consejo Directivo de EsSalud, manifiestan su profunda preocupación por las presuntas irregularidades que, de acuerdo con la denuncia de la ex gerente general de EsSalud, Martha Carolina Linares Barrantes estarían sucediendo en la institución. En concreto nos referimos a “La incorporación de personas que no reúnen el perfil técnico requerido en cargos directivos y mantener y promover a cargos superiores a trabajadores con graves antecedentes y cuestionamientos”.
Es imperioso recordar que EsSalud es una entidad gobernada de manera tripartita: Estado, trabajadores y empresas, y en ese sentido las partes nombran representantes en el Consejo Directivo asumiendo la responsabilidad de garantizar una adecuada gestión para los más de once millones de asegurados.
Por ello, de comprobarse estas denuncias, implicaría una vulneración al Código de Ética de la Función Pública y al propio Código de Ética de EsSalud, normas ambas que establecen los principios básicos bajo los cuales los funcionarios públicos deben desempeñarse. De acuerdo a dichas normativas, la idoneidad es un principio y condición necesaria para el ejercicio de la función pública y en consonancia con ello, todo funcionario público debe desenvolverse con aptitud técnica, legal y moral al desempeñar sus funciones.
Debemos recordar que el pasado 31 de agosto ante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), el premier Bellido suscribió el compromiso para asegurar mayores estándares de integridad y transparencia en la contratación de funcionarios y servidores públicos, compromiso que, de acuerdo a la denuncia realizada no estaría siendo honrado.
Por lo expuesto, exhortamos al Ministerio de Trabajo, la Contraloría General de la República y demás autoridades competentes se inicien las investigaciones que esta denuncia pública exige. Lo más grave y lamentable de esta situación es que estos hechos atentan contra el derecho que tienen los asegurados a contar con un sistema de salud eficiente, más aún ad portas de enfrentar una probable tercera ola del Covid-19, pandemia que ha cobrado casi 200 mil vidas en el Perú.
