Un informe sobre las acciones de control a las actividades de Henry Shimabukuro, sindicado como “asesor en la sombra” del presidente de la República, Pedro Castillo, fue solicitado por la Fiscalía y sin embargo no ha podido ser entregado.
La razón es que el informe de Acción de Oficio Posterior 004-2022-OCI/0276-AOP emitido por el Órgano de Control Interno (OCI) del Despacho Presidencial, que contenía esta información fue clasificado con carácter de secreto, lo que impediría el acceso al mismo mediante la Ley de Transparencia.
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En efecto, esta información no puede ser compartida por los funcionarios que tienen acceso a la misma, bajo responsabilidad, según contempla la Ley 27806. Sin embargo, la norma vigente señala que un juez, en ejercicio de sus atribuciones, puede solicitar información “que sea imprescindible para llegar a la verdad” en una investigación. Esto alcanza a la información secreta o reservada.
Por ello, la Gerencia de Asesoría Jurídica y Normatividad en Control Gubernamental de la CGP ofició el pasado 14 de noviembre a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia, a fin de que puedan absolver las dudas del ente fiscalizador respecto a la aplicación de la ley de Transparencia. Sin embargo, hasta el martes 28 de noviembre, no habrían recibido ninguna respuesta.
