El 7 de junio último, la jueza Elizabeth Salas Fuentes del Segundo Juzgado Constitucional Transitorio de Lima declaró improcedente la acción de amparo interpuesta contra 13 de los 18 generales de la Policía Nacional del Perú que fueron pasados al retiro en noviembre de 2020 durante el gobierno de transición encabezado por Francisco Sagasti.
Los demandantes fueron Jorge Alejandro Lam Almonte, Alexis Rafael Bahamonde Chumpitaz, Yohanim Oswaldo Chuquillanqui Ospina, Luis Beltrán Pantoja Calvo, Lorenzo Julio Granados Ticona, Eswin Alexander Manay Guerrero, Alejandro Washington Oviedo Echevarría, Mario Fernando Arata Bustamante, Carlos Noe Guillen Enríquez, Jesús Moisés Rios Vivanco, Herly William Rojas Liendo, Orlando Velasco Mujica y José Saturnino Céspedes Aguirre.
Además de Sagasti, los demandados fueron Rubén Vargas, ministro del Interior que impulsó el pase al retiro, y César Augusto Cervantes Cárdenas y José Elice Navarro, que eran, respectivamente, el comandante general de la PNP y el ministro del Interior cuando se interpuso el recurso judicial.
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El recurso pretendía que los demandantes fueran reincorporados en sus puestos, además de anular la resolución suprema que ascendió a Cervantes como teniente general y lo designó comandante general de la institución.
En resumen, la jueza concluye que “la controversia del presente proceso debe de ser dilucidada en la vía ordinaria a través del proceso contencioso administrativo, vía igualmente satisfactoria de conformidad con el artículo 7 inc. 2) del Nuevo Código Procesal Constitucional Ley 31307”. Es decir, una medida con carácter de urgencia como el amparo no aplicaba para la situación.
Vargas renunció tras un breve período como ministro, en vísperas del voto de confianza del Gabinete encabezado por Violeta Bermúdez, que se produjo el 3 de diciembre del 2020.
En su carta de dimisión, Vargas reiteró que las decisiones tomadas están revestidas de constitucionalidad y respetan “escrupulosamente la normatividad policial”, y que fueron tomadas respondiendo a la necesidad de que la PNP recupere la confianza de la ciudadanía.
“Somos conscientes de que las medidas implementadas, a pesar de su absoluta legalidad y urgente necesidad, han afectado el ánimo de algunos sectores políticos, poniendo en riesgo el camino trazado”, reconoció.
“Aun cuando se tratan de reacciones propias de medidas de esta naturaleza y alcance, entendemos que afectan el principal objetivo de su gestión para los siguientes meses: garantizar la transición democrática hacia el nuevo Gobierno”.
El desempeño de la Policía había sido fuertemente cuestionado tras las protestas que terminaron en el desenlace de la fugaz presidencia de Manuel Merino de Lama.
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