En los despachos del Congreso de la República laboran personajes con antecedentes muy cuestionables. Ese es el caso de la bancada de Podemos Perú, del investigado José Luna Gálvez y promotor de la candidatura de Daniel Urresti a la alcaldía de Lima, que tiene como asesor a alguien que estuvo involucrado en la inscripción irregular de esta agrupación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y, que además afrontó un proceso por el caso de la fábrica de firmas falsas que buscaba la reelección de Alberto Fujimori en 2000.
Según el portal de Transparencia del Parlamento, Luis Navarrete Santillán se encuentra en la planilla de Podemos. Ingresó a trabajar el 10 de setiembre del año pasado y percibe, actualmente, un sueldo que bordea los S/ 9500. En la edición 2540 de CARETAS, del 24 de mayo de 2018, se publicó una entrevista a Susana Guerrero, entonces asesora jurídica de la ONPE, quien reveló que había una red de operadores del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos.
Para sustentar su denuncia, Guerrero nombró a los personajes que se infiltraron en la entidad electoral. Fernando Obregón Mansilla, quien, de acuerdo a Guerrero, llegó a la ONPE con la ayuda del empresario José Luis Cavassa, investigado por el caso Cuellos Blancos del Puerto, y ocupó un puesto clave en la Gerencia de Gestión Electoral.
Guerrero señaló que Obregón realizó algunas designaciones controversiales. Nombró a Ricardo Pajuelo en el área de Atención al Ciudadano y, después, al frente de la Secretaría General de la ONPE. Es ahí que, agrega, quien entró a tallar en la operación fue Luis Navarrete Santillán. Por entonces, era el personero legal del partido Podemos y trabajaba también en la Universidad Telesup.
En la entrevista concedida a CARETAS, Guerrero revela que Navarrete recibió la oportunidad de Pajuelo para realizar las subsanaciones, fuera de horario, a las 6:30 p.m., y con acta escrita de puño y letra de Cavassa, del segundo lote de 42,355 firmas entregadas para la inscripción de Podemos que presentaban espacios en blanco.
Tras revelarse el escándalo, el hoy congresista José Luna brindó una conferencia de prensa para defender a Navarrete y rechazar la versión de Susana Guerrero de presuntos favores de la ONPE para lograr su inscripción y, por el contrario, acusó al ente electoral de haberlos perjudicado durante el proceso de inscripción.
Sin embargo, las críticas contra Navarrete tenían sustento debido a sus antecedentes sospechosos.
Pasado montesinista
En CARETAS 2540 recordamos que Navarrete fue procesado al lado de José Luis Cavassa, exgerente de gestión electoral de la ONPE, por el caso de las firmas falsas para la re-reelección de Alberto Fujimori en el 2000, revelado por el diario El Comercio.
La trama inició cuando Perú 2000 obtuvo los registros de electores que votaron en los comicios municipales de 1998, los que se encontraban en los depósitos de la ONPE. Al conseguir estos planillones, montaron una “fábrica” de adherentes en dos locales de Bellavista próximos a la notaría del excongresista Oscar Medelius.
Durante meses, equipos de varias decenas de personas trabajaron en turnos de ocho horas por dos meses, copiando nombres y Nº de L.E. y fraguando firmas en planillones de Perú 2000. Sin embargo, la declaración de algunos testigos del fraude —como Erika Martínez Liñán— permitió que se llegara a conocer quiénes estaban involucrados.
Así se conoció que Luis Navarrete, entonces regidor del partido fujimorista Vamos Vecino, y Cavassa formaban parte de una red de cómplices de José Portillo, exjefe de la ONPE y recordado por la frase “papelito manda”, para poner en marcha la operación de la tercera candidatura de Fujimori.
A pesar de las pruebas de la fabrica de firmas falsas, Navarrete y Cavassa fueron absueltos en 2003 por el juez Róger Rodríguez Medrano, de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema y sindicado hombre fuerte de Montesinos en el Poder Judicial, con polémicos argumentos.
Según Rodríguez, no se configuró delito de falsedad material en los hechos denunciados porque los acusados no habían falsificado materialmente los planillones de la ONPE. Además, señaló que tampoco había delito porque los planillones no habían sido adulterados.
Adicionalmente, el juez Rodríguez consideró que el delito no provocó perjuicio a terceros y recalcó que no habría ocurrido delito de falsedad ideológica. En concreto, el caso de la falsificación de un millón de firmas no era delito mientras fuese realizada en documentos originales y por personas que no sean funcionarios públicos.
Toda una joya en los pasillos del Congreso.
