La disposición de la Fiscalía de la Nación que amplía la investigación por lavado de activos en contra de la presidenta, Dina Boluarte, ordena también continuar con las diligencias preliminares en curso contra la abogada apurimeña por el presunto financiamiento ilícito de la campaña electoral del partido Perú Libre.
Dicha pesquisa fiscal apuntaba a que Boluarte Zegarra habría abierto cuentas bancarias, junto al dirigente del partido del lápiz, Braulio Grajeda, para recoger aportes de la organización criminal “Los Dinámicos del Centro”, destinados a pagar la caución del líder del partido, Vladimir Cerrón, quien fue sentenciado por negociación incompatible por actos cometidos durante su gestión en el Gobierno Regional de Junín.
El fiscal superior, Rafael Vela Barba, explicó en RPP que esta investigación data de junio del 2021, antes de que Boluarte jurara como vicepresidenta, ministra de Estado en la cartera de Desarrollo e Inclusión Social, o presidenta de la República.
¿Hasta dónde puede llegar la investigación del fiscal Richard Rojas? CARETAS consultó al abogado constitucionalista Omar Cairo para tener luces al respecto.
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El especialista explicó que, mientras sea jefa de Estado, Dina Boluarte está protegida por el artículo 117 de la Constitución, que impide acusarla durante su mandato, salvo por los delitos contenidos en dicho apartado.
Sin embargo, sostuvo que, una vez concluido su mandato, la abogada podrá ser acusada por este delito, sin necesidad de pasar por un antejuicio político, debido a que esta indagación data de antes de su ejercicio como mandataria y dicha prerrogativa solo puede aplicarse a las infracciones que pudiera cometer dentro del ejercicio del poder.
En este caso, la investigación del fiscal Richard Rojas podría llegar al estadio de investigación preliminar, mientras Boluarte se mantenga en el cargo. Cuando termine sus funciones, podría iniciarse la investigación preparatoria sin necesidad de pasar por el Congreso, añadió Cairo.
