El 27 de noviembre, Luis Francisco Díaz Olivero, gerente general corporativo de Graña y Montero, informó a la Superintendencia de Banca y Seguros de la solicitud de información de la brasileña IG4 Investimentos Ltda para adquirir hasta el 25% de acciones de la empresa.
Añade que la oferta estaría dirigida en primer lugar a las familias fundadoras y “adicionalmente” a los demás accionistas a través de una oferta pública de adquisición. La fisonomía de la constructora más grande del Perú, en estado aún crítico por el caso Lava Jato, cambió radicalmente como lo describió CARETAS en junio: “La familia “original” de los Graña, incluyendo el paquete de acciones que retiene Carlos Montero, pasó de controlar el 25% al 19% de las acciones.
Las AFP ya tenían el 20% y se incorporaron Quimpac Corp, del grupo peruano Fishman, a través de Pacífico Corp con el 10% de la torta. También duplicó su participación, del 5% al 10%, la familia chilena Solari, propietaria de Falabella, por medio de Fratelli Investment Limited. El rubro de “otros” accionistas llega al 36%”.
El problema es que cinco días antes, el Poder Judicial accedió al pedido del procurador Jorge Ramírez de embargar las acciones de José Graña, expresidente del directorio de la empresa, para garantizar el eventual pago de la reparación civil.
