Geiner Alvarado pasó del ministerio de Vivienda al de Transportes y Comunicaciones. Evidentemente es un hombre de toda la confianza del presidente Pedro Castillo y hoy ambos son sindicados por el Ministerio Público como presuntos cabecillas de una organización criminal que se benefició con obras en localidades de Cajamarca, con el distrito de Anguía como su epicentro.
Designado en el MTC el pasado 5 de agosto, Alvarado no ha perdido el tiempo para ocupar puestos claves en el que fuera el feudo del prófugo Juan Silva. El pasado 8 de agosto nombró a Juan Perfecto Mayta Taype como jefe del gabinete de asesores. El mismo cargo que ocupó en Vivienda.
Una de las primeras tareas que realizó Mayta Taype en su nuevo puesto fue pedir la renuncia del viceministro de Comunicaciones, Virgilio Fredy Tito Chura, quien fue designado en enero y quien tiene entre sus principales tareas definir el proceso a seguir con la muy importante Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica (RDNFO), que ese mismo mes de enero pasó a estar a cargo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).
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Como es conocido, la exviceministra de Transportes Fabiola Caballero, que también estuvo encargada del viceministerio de Comunicaciones, denunció la presunta intención de Silva de direccionar ese importante proceso.
La Red Dorsal debería darle al Estado acceso a Internet de buena calidad, pero esto no ha ocurrido a pesar de que se invirtió US$170.8 millones en su construcción y US$132.7 millones de mantenimiento durante los cinco años que duró la concesión de la filial peruana de la mexicana Azteca. Además de esos grandes montos, durante ese período el Estado ha pagado US$450 millones por servicio de Internet. De acuerdo con un informe del propio MTC, el uso de la Red Dorsal solo llega al 3.2% de su capacidad.
Tito Chura siguió la línea propuesta de Caballero: que Pronatel administre temporalmente la Red Dorsal para hacerla más competitiva y menos onerosa para el Estado, y recién ahí establecer un nuevo modelo para salir a la licitación.
Esa determinación parece haber caído mal, pues como lo advirtió CARETAS, el 16 de junio llegó a la mesa de partes de la Presidencia del Consejo de Ministros un proyecto de resolución suprema que designa como nuevo viceministro de Comunicaciones a Hugo Ávila Vargas. Se anexó un oficio firmado por Alan Rodolfo Núñez Aldana, secretario general del MTC, que le remite a Rodolfo Gustavo Ramírez Apolinario, secretario del Consejo de Ministros, los proyectos de la resolución de cese y la del nuevo nombramiento.
En la evaluación de la PCM se concluye que Ávila, ingeniero mecánico electricista, cumple con los requisitos establecidos para ser viceministro. Y se apunta, por cierto, que el candidato cuenta con 77 años. También se anexan sus certificados de estudios y laborales, además de las declaraciones juradas.
No hay cuestionamientos contra el viceministro y este relevo no se concretó. Pero ahora el jefe de gabinete de asesores del ministro Alvarado se ha apresurado en mostrarle la puerta. Incluso, el memorándum interno I-336805-2022, que cesa al viceministro se encuentra a la espera con carácter confidencial en la Secretaría General de la PCM.
La pregunta se vuelve a plantear: ¿Por qué cambiar una vez más al viceministro de Comunicaciones si no tiene cuestionamientos y lleva a cabo una labor razonable en un tema neurálgico como el de la Red Dorsal?
Llama la atención que, en cambio, no le pidieran su salida el viceministro de Transportes, Luis César Rivera Pérez, quien protagonizó un incidente policial el 27 de mayo cuando atendía en el despacho ministerial incluso antes de ser nombrado viceministro, lo que ocurrió recién 6 días después. Entonces, la Fiscalía y agentes de la Comisaría de Mirones llegaron al lugar, alertados por trabajadores del ministerio que denunciaron una situación de usurpación de funciones. Como lo advirtió, sobre Rivera Pérez pesó una sanción de inhabilitación para la función pública emitida por la Contraloría.
