El Gobierno de Pedro Castillo recibió al inicio de su administración 193 conflictos sociales a nivel nacional. De este grupo, el primer caso que abordó el Ejecutivo fue el bloqueo de la carretera en el corredor minero de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que involucra las actividades mineras de la empresa china MMG Las Bambas.
Como se recuerda, el pasado 2 de agosto el premier Guido Bellido, se reunió con las comunidades locales, que desde el 23 de julio bloqueaban el acceso al corredor minero sur, acordando instalar una mesa de diálogo donde “abordarían cada uno de los pedidos para darles solución”, comprometiéndose a resolver el problema en dos meses.
Sin embargo, días después los pobladores de Chumbivilcas retomaron el bloqueo de la carretera luego de que las comunidades anunciaran que ante la negativa de la minera MMG Las Bambas para aceptarlos como proveedores. Fue así que se rompió el diálogo e intento de entendimiento.
Este conflicto social es uno de los 58 casos relacionados con la minería presentada hasta junio de este año, según la Defensoría del Pueblo.
Más conflictos sociales
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, la cifra aumentó a 196 conflictos sociales, de los cuales 139 son conflictos activos (70.9%) y 57 conflictos latentes (29.1%). Además, se han presentado cuatro nuevos casos en las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Pasco y Tumbes, que tienen problemas socioambientales y laborales.
Cabe señalar que durante el último mes de agosto ningún conflicto se ha resuelto.
La Defensoría del Pueblo también ha señalado que hay hechos de conocimiento anticipado que puede permitir el manejo pacífico de un conflicto. Por ejemplo, algunos de los casos y/o situaciones que merecen una intervención prioritaria por parte de las autoridades competentes correspondientes son los siguientes:
Ayacucho
Este es un conflicto nuevo de tipo socioambiental, en el distrito de Coronel Castañeda, provincia de Parinacochas. Aquí se encuentra la CC DE PALLANCATA – CÍA MINERA ARES.
Apurímac
En esta provincia hay dos casos ubicados en las provincias de Andahuaylas (en observación) y Cotabambas (conflicto reactivado), de tipo socioambiental y comunal.
Arequipa
En la provincia de Caravelí se encuentra la minera informal Atico-Intigold, un caso activo de tipo socioambiental. Posible demora en cumplimiento de acuerdos del acta del 6 de mayo de 2021.
Cusco
Hay dos conflictos sociales conocidos, el primero se encuentra en la provincia de Espinar (caso activo), donde el sábado 11 estuvo presente el premier Bellido, quien se reunió con los comuneros de Tintaya Marquiri, ubicados cerca de las operaciones mineras. El segundo está ubicado en Chumbivilcas (caso en observación).
La mayor cantidad de conflictos sociales que se desarrollan en una sola región se ubican en los departamentos de Loreto (29 casos), Cusco (22 casos) y Áncash (17 casos).
Por otro lado, la identificación de las competencias en la atención de un conflicto social se hace a partir del reconocimiento del papel que desempeñan los sectores en los que se organiza el Estado para la atención de las múltiples demandas que son planteadas durante el desarrollo de un conflicto social, de acuerdo con la normatividad, objetivos y funciones vigentes en cada una de las entidades estatales analizadas.
Es así que la principal competencia (entre varias que coexisten) en la atención de los conflictos sociales registrados recae en el Gobierno nacional, con 122 casos (62,2%); en los gobiernos regionales con 50 casos (25.5%); y en los gobiernos locales con 19 casos (9,7%).
Procesos de diálogo en conflictos sociales activos
De los 96 conflictos activos en proceso de diálogo registrados durante el mes de agosto, el 77,1% (74 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental, el 9,4% (nueve casos) a conflictos comunales y el 9,4% y 5,2% a los asuntos de gobierno nacional y regional, respectivamente.
Conflictos activos por tipo
La Defensoría del Pueblo da cuenta de la existencia de 139 conflictos activos, de los cuales el 66,9% (93 casos) corresponde a conflictos del tipo socioambiental. Le siguen los conflictos de tipo comunal con el 11,5% (16 casos) por asuntos de gobierno regional con el 5,8% (ocho casos) y asuntos de gobierno regional y laboral representan el 6 4,3%.
Conflictos socioambientales
De los 127 conflictos socioambientales activos y latentes registrados, el 64,6% (82 casos) corresponde a conflictos relacionados a la actividad minera; le siguen los conflictos por actividades hidrocarburíferas con 19,7% (25 casos) y le luego los conflictos por los residuos y saneamiento con 6,3% (8 casos.).
