La trama de los “Dinámicos del Centro” nos viene mostrando, capítulo a capítulo, los factores que pueden convertir al sistema de administración de justicia en el principal hacedor de impunidades. Y la impunidad es el salvoconducto para que la corrupción continúe su inexorable metástasis en el aparato público. En este caso, el típico compadrazgo provinciano ha escalado hasta la injerencia política de alto nivel —que presiona a los magistrados al punto en que su única opción es la autocensura—, pasando por una inusitada presión por parte de poderes que pugnan desde la interna del Ministerio Público y del Poder Judicial.
Como sucedió con los “Cuellos Blancos del Puerto”, en el caso de los Dinámicos, la fiscalía anticorrupción de Huancayo, con apoyo de la DIVIAC, empezó a investigar a una mafia que entregaba licencias de conducir a personas no calificadas a cambio de algunos miles de soles en coimas. La grabación autorizada de las conversaciones de sus principales miembros, desde el 2019, haría que se descubriera mucho más: esta organización criminal era solo una de las fuentes de financiamiento del partido Perú Libre, que, teniendo como cabeza de Vladimir Cerrón, ha tomado el control de 34 gobiernos locales y otras instituciones importantes en la región de Junín, como la Beneficencia Pública o la empresa de agua potable (Sedam-Huancayo).
Cuando la fiscal Bonnie Bautista informó a su jefe nacional, el fiscal superior coordinador anticorrupción Omar Tello Rosales, que llevaría a cabo un operativo para detener a 37 dinámicos —después de allanar sus viviendas y oficinas—, este tomó la decisión de que todo se detuviera. Aunque ahora lo niegue, Tello ordenó que el operativo se pusiera en stand by hasta después de la segunda vuelta. No sabemos si esto se debió a la presión de algún superior o si fue una iniciativa propia, pero en cualquier caso el criterio político con el que tomó esta decisión es inaceptable. Más aún cuando entre los dinámicos que iban a ser intervenidos había cinco dirigentes nacionales de Perú Libre y varios de sus militantes activos.
Obviamente, un operativo de esta magnitud unos días antes de las elecciones, hubiera tenido una consecuencia política y, sobre todo, electoral en el partido fundado por Vladimir Cerrón que puso al profesor Pedro Castillo como candidato presidencial. Tello lo tenía muy claro. Sin embargo, no es la primera vez que el fiscal anticorrupción coordinador asume una conducta controvertida. En el caso Vizcarra, insistió para que la investigación sobre los millonarios sobornos que dos empresarios constructores afirman haber entregado al expresidente para ganar la buena pro de obras emblemáticas de su gobierno regional en Moquegua pasen a la fiscalía anticorrupción que dirige su subordinado Elmer Chirre en lugar de que los siguiera viendo el fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato. En esa gestión, al igual que en su actuación en el caso Dinámicos, tuvo el respaldo de la no menos controvertida fiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
Hacen mal los fiscales Bautista y Tello en intentar construir una narrativa con una línea de tiempo y argumentos risibles tratando de tapar el sol con un dedo. Los periodistas de investigación han reconstruido la verdadera sucesión de los hechos que dejan al descubierto el timing político en una decisión que, se supone, debiera ser autónoma del Ministerio Público.
La demora inexplicable en el caso Dinámicos no fue, como sostiene Tello, una decisión estratégica o logística (consecuencia de la falta de viáticos para los policías, o escasez de fiscales de apoyo). Para los primeros días de junio, la DIVIAC había hecho el trabajo de inteligencia previo, tenía ubicado a los investigados y no participaba en operaciones de control público debido a la segunda vuelta electoral. Tampoco es cierto que, como alega Tello, en una investigación criminal no importa la prontitud de un operativo, sino asegurarse la confidencialidad hasta que este ocurra. Todo investigador del crimen sabe —y un fiscal superior tiene que saberlo— que en la persecución de un delito mientras más tiempo pasa la verdad se escapa. Las evidencias van desapareciendo, los investigados se ponen a buen recaudo, el botín desaparece.
En este caso fue peor: a través de su WhatsApp, Vladimir Cerrón envió a sus subordinados parte de la resolución de la jueza con la relación de los que tenían orden de detención. Esto se supo después de salvar los mensajes del teléfono celular que Waldys Vilcapoma tiró a un excusado para desaparecer las pruebas sin éxito. En un mensaje dirigido a Cerrón, Vilcapoma le decía: “Camarada, buenos días. ¿Van a intervenir la casa o ya no? Estoy confundido”. En otro mensaje del mismo procesado enviado a un tal Franklin, este le advierte: “Borra toda conversación, vouchers, boletas, expedientes, etc. Tal vez vienen a intervenir tu casa”.
Pero nada de estas evidencias probaban, para la jueza July Baldeón, ni la obstrucción a la justicia ni el peligro de fuga. Tampoco que los Dinámicos sean una organización criminal, aun cuando todos los peruanos hemos escuchado decenas de audios donde coordinan como una banda. Aquellos en los que se escucha al escurridizo Arturo Cárdenas Tovar “Pinturita” exigir cupos para la campaña del partido son particularmente inculpatorios. Sobre todo, porque “Pinturita” es secretario nacional de organización y jefe de campaña del profesor Castillo. La jueza Baldeón también quiso impedir la transmisión en vivo de las audiencias en contravención expresa de la ley. Su decisión en el caso Dinámicos se contradice con todas las anteriores en investigaciones fiscales similares resueltas por ella misma.
No es posible saber o demostrar si la jueza Baldeón ha recibido presión de algún poder al interior del Poder Judicial. Lo que sí es un hecho es que el actual director regional de Comercio y Turismo de Junín, Máximo Buendía Payano, es protagonista de uno de los audios donde se le escucha pidiéndole a su homólogo de Transportes que ayude a un colega de su esposa a obtener su brevete, aunque no pase las pruebas. Su esposa es Ximena Castro Manrique, la eterna e influyente dirigente del sindicato de trabajadores del Poder Judicial de Junín y el beneficiado de su llamada sería el secretario general del mismo sindicato. Fuentes conocedoras del nivel de información que manejan los técnicos y auxiliares jurisdiccionales aseguran que les alcanza para presionar a cualquier magistrado. En todo caso, Buendía, compañero de promoción del Colegio de Cerrón, aún no ha sido incluido en la investigación. El dueño de Perú Libre tampoco, y esto no puedo seguir esperando.
Es imperativo que se investigue cómo es que Perú Libre ha utilizado su poder político para obtener recursos económicos, de manera ilegal, que han financiado sus actividades, además de enriquecer a sus dirigentes, empezando por Cerrón que no tiene cómo explicar con sus ingresos lícitos un saldo de 1.2 millones de soles en una de sus cuentas bancarias. La UIF ha logrado retener de manera preventiva este dinero de origen dudoso, cuando Cerrón estuvo a punto de retirarlo de una agencia bancaria ubicada en Lince. Pero nada garantiza que una justicia lenta, timorata, poco predecible, asegure la plata inexplicable del monje negro del próximo gobernante.
