El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, resaltó la eficacia de la alianza entre los Estados como la articulación de las entidades del sistema de justicia nacional para luchar contra los ilícitos penales de carácter trasnacional, sobre todo el flagelo de la corrupción, “que es una amenaza para la democracia”. Así lo dio a conocer al participar en la II Reunión de Estados Parte del Acuerdo Tripartito sobre la Transferencia de Activos Decomisados, en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Cercado de Lima.
El fruto de dicho esfuerzo conjunto nacional e internacional, refirió la autoridad judicial, hasta el momento, ha permitido la devolución al Perú de más de US$ 16 millones desde Suiza, y más de EUR 9 millones desde Luxemburgo, fondos que provienen de actos de corrupción. “La actividad delictiva no ha escapado a los avances de un mundo globalizado, es por eso que, en la actualidad, se puede hablar de ilícitos penales de carácter transnacional, en tal sentido, la corrupción se convierte en una amenaza a la estabilidad de las sociedades”, expresó.
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Al respecto, subrayó la autoridad judicial en la lucha frontal contra la corrupción, “el Poder Judicial estará a la altura de las circunstancias y a la demanda de la ciudadanía”.
No obstante, el juez supremo lamentó que, en el Perú, cada vez es más compleja la identificación, investigación y sanción oportuna de casos de corrupción y crimen organizado, lo que debilita al Estado y genera desconfianza e insatisfacción en la ciudadanía hacia las instituciones públicas.
“El fortalecimiento de la lucha del Poder Judicial contra la corrupción y el crimen organizado contribuirá al incremento de la capacidad institucional, así también, incrementará el nivel de interoperabilidad y de coordinación en el Sistema de Administración de Justicia, a fin de lograr mayor efectividad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado en el país”, indicó.
Sobre el encuentro, Arévalo Vela destacó que el mismo permite conocer el estado de ejecución e implementación de los proyectos relacionados a la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad, que vienen llevando a cabo el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entidades beneficiadas con el dinero repatriado.
“Espero que, en el mediano plazo, el Estado peruano pueda mejorar su ubicación en el denominado Ranking del Índice de Percepción de la Corrupción, y el presente acuerdo tripartito constituye una de las medidas de lucha contra la corrupción destinadas a tal finalidad”, sostuvo.
