Los informes finales de la Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales del 2021 serán debatidos dentro de 15 días, por acuerdo de la mayoría del pleno del Congreso, que respaldó la medida del presidente de dicho grupo de trabajo legislativo, Jorge Montoya (Renovación Popular), con 77 votos a favor, 24 en contra y dos abstenciones.
Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) había pedido que el debate se realice dentro de un mes a fin de que la representación nacional pudiera leer y valorar el informe en mayoría (sustentado por Montoya Manrique) y en minoría (sustentado por Sigrid Bazán de forma virtual). Sin embargo, la propuesta fue rechazada.
Informe en mayoría
Entre los principales puntos observados en el informe final en mayoría de la comisión que investiga el presunto fraudo en las elecciones generales del 2021, se encuentra la “declinación” del exmiembro del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Arce Córdova, quien señaló que había una “clara parcialización política” en las decisiones del ente electoral.
El informe cuestiona que Arce Córdova usó una prerrogativa que no está establecida en el ordenamiento jurídico, ya que la Ley Orgánica del JNE prohíbe la renuncia de sus miembros.
Asimismo, se cuestiona la inscripción de Perú Libre, debido a que el presidente Pedro Castillo, no consignó que fue gerente general del Consorcio Chotano de Inversionistas Emprendedores JOP S.A.C en su declaración jurada. En diálogo con Exitosa, el hoy presidente se justificó diciendo que dicha empresa fue solo un intento de emprendimiento, pero que nunca operó.
Asimismo, se cuestiona la presunta doble función de la vicepresidenta, Dina Boluarte, ya que no cumplió que renunciar a tiempo a la jefatura de la oficina de Reniec de Surco.
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Se cuestionó también la exclusión del Partido Popular Cristiano (PPC) y del Apra, quienes no pudieron participar en los últimos comicios, así como la anulación del plazo de presentación de las solicitudes de nulidad de las mesas de sufragio.
Tal como adelantó Martha Moyano a CARETAS, el informe final recomienda denunciar constitucional y penalmente a la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos y al presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, además de recomendar un paquete de reformas constitucionales.
Informe en minoría
El informe en minoría, sustentado por Bazán Narro, resaltó el trabajo de las misiones observadoras de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, así como los pronunciamientos de la asociación civil Transparencia, la Defensoría del Pueblo, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, entre otros.
Concluye que “las organizaciones políticas que participan en las elecciones no deben afectar la legitimidad de los organismos electorales” y que deben instar a sus militantes a respetar los resultados, “sean favorables o desfavorables” y que el Parlamento no puede ser un espacio para cuestionar resultados electorales reconocidos como válidos por los organismos nacionales e internacionales correspondientes.
