Un informe del Órgano de Control Interno (OCI) del Despacho Presidencial, adscrito a la Contraloría, advierte de irregularidades en la elaboración de las actas de las sesiones del Consejo de Ministros, que podrían poner en riesgo la integridad de su contenido y la transparencia de los actos del Estado.
La importancia de estos documentos radica en que en estos constan los acuerdos a los que se llegaron en estas sesiones, tal como establece el artículo 126 de la Constitución Política del Perú.
Sin embargo, el documento detalla que muchas de las actas no cuentan con la totalidad de las firmas de los ministros que participaron en estas sesiones y que por esta razón, no están correctamente almacenadas ni protegidas.
En efecto, se señala que al 19 de julio del 2022, siete actas que comprenden las sesiones del 7 al 29 de octubre del 2021, no tendrían la firma del exministro del Interior, Luis Barranzuela Vite. Han pasado más de 285 días calendario desde que debió firmar el acta más antigua que le corresponde.
Además, el informe indica que las actas emitidas desde el 12 de noviembre del 2021 al 25 de febrero del 2022, se encuentran en hojas sueltas sin emplastar. Asimismo, las actas de los folios 6 al 40 y del 101 al 200 no cuentan con el visto bueno que debería estar consignado en el margen izquierdo del documento. Este “visto bueno” se coloca en señal de conformidad con el contenido y la autenticidad del documento.
Al 19 de junio del presente año, 21 actas de este grupo no contaban con todas las firmas de los ministros que participaron de estas sesiones ministeriales. Es así que, en los documentos del 3 al 29 de diciembre le faltan las firmas del también exministro del Interior, Avelino Guillén.
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El 30 de diciembre del 2021 faltan las firmas de Guillén Jáuregui y las del exministro de Salud, Hernando Cevallos; el exfiscal devenido en ministro tampoco firmó las actas comprendidas entre el 5 y el 30 de enero.
En tanto, el 2 de febrero, los exministros Alberto Ramos (Midagri), Juan Francisco Silva (MTC), Wilber Dux Supo (Minam) y Katy Ugarte (Mimp) tampoco firmaron las actas del Consejo de Ministros que se celebró dicho día.
Sin embargo, esta no es la única acta sin la rúbrica del prófugo extitular de Transportes y Comunicaciones, pues Silva Villegas tampoco firmó las actas de las sesiones del 9 al 25 de febrero.
Según el informe, la responsabilidad de estas irregularidades recaería en la Secretaría del Consejo de Ministros (SCM), ocupada entonces por Rodolfo Gustavo Ramírez Apolinario. Cabe señalar que actualmente este funcionario es subsecretario general del Despacho Presidencial, en reemplazo de Beder Camacho.
Fue precisamente el 24 de mayo que Ramírez Apolinario señaló que las hojas sueltas de las actas no podían ser emplastadas por la falta de las firmas, agregando que requirió a los exministros a que firmen los documentos sin recibir respuestas concretas.
Por otro lado, el memorando 206-2022-DP/SCM del 3 de junio señala que no existe normativa interna como directivas, lineamientos, instructivos, manual de procesos u otros que regulen las sesiones del Consejo de Ministros y sus actas, debido a que “mediante normas de dicho rango no se podría obligar las acciones y responsabilidades a cargo del presidente de la República, presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado”.
No obstante, el informe sostiene que la SCM contaba con los recursos para mejorar sus procesos y procedimientos internos. Incluso, señalan que contaban con un personal contratado bajo el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) cuya función era realizar las coordinaciones para la suscripción de actas.
En el caso de las actas de mayo y junio del presente año, al 19 de julio, se constató que 16 actas no contenían todas las firmas de los ministros que participaron de las sesiones. En algunos casos, incluso faltaban 11 firmas.
Por otro lado, el acta 001-2022-DP/OCI/SR/ASESORES advierte que no hay unidad en elaboración de estas actas y que hay muchos casos en los que estos documentos tienen las firmas del secretario de Consejo de Ministros y otros participantes, mientras que otras no las tienen, pese a estar ya aprobadas y con firmas de ministros participantes.
Finalmente, se observa que no se cumple con publicar las actas para el acceso público a esta información. Solo se publicaron hasta 29 de setiembre, pese a que cuentan con los mecanismos para la publicidad de los documentos, incumpliendo así la Ley de Transparencia.
