Tal como advirtió Pacha Sotelo Camargo a CARETAS, el informe final de la denuncia constitucional 132, recomienda el archivo de la acusación contra el expresidente Manuel Merino; el ex primer ministro Antero Flores-Araoz y el exministro del Interior, Gastón Rodríguez, por los delitos de homicidio, lesiones graves y leves en agravio de Inti Sotelo, Bryan Pintado, Fermín Cruz y otros.
Este informe, elaborado por el congresista Alejandro Cavero (Avanza País), sostiene que “no existe evidencia concluyente que demuestre que las lesiones sufridas por los manifestantes fueran producidas por la Policía Nacional del Perú, en tanto fueron producidas por elementos que no son ni fueron entregados a efectivos policiales. En consecuencia, los denunciados Merino De Lama, Flores-Araoz Esparza y Rodríguez Limo no podrían ser responsables al no existir nexos causales entre la secuencia de hechos y los medios probatorios asociados al fallecimiento de los jóvenes o la causa de las lesiones”.
Del mismo modo, se pretende exculpar a los acusados de las lesiones sufridas por 78 personas debido a que no existirían pruebas de que la PNP utilizó los perdigones de plomo con los que fueron heridos los manifestantes.
Sin embargo, el hermano de Inti Sotelo, Pacha, cuestionó la investigación de Cavero Alva en diálogo con CARETAS y consideró que está “parcializada”.
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Uno de los cuestionamientos yace en que no se habría tomado en cuenta una pericia balística que acreditaría que las municiones utilizadas por la PNP en la represión de las marchas de noviembre del 2020, coincidirían con armas cuyo uso está autorizado para la Policía.
Además, se habrían descartado otras 24 pruebas que darían mayores luces sobre las circunstancias en la que los jóvenes Sotelo y Pintado fueron asesinados en las marchas nacionales que forzaron a Merino De Lama a renunciar a la presidencia interina.
“Solo se citaron a testigos que defienden la postura de Merino y el actuar de la Policía” y que no se convocó a las familias de las víctimas mortales y los afectados de las movilizaciones. “Me queda claro que ha sido parcializado hacia un lado”, declaró en aquella ocasión.
Sumado a lo expuesto, indicó que los abogados de las familias de los deudos y los afectados no habrían podido participar de las sesiones de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y que solo se permitió que un representante del Ministerio Público los defienda.
