El informe final de la denuncia constitucional 307, elaborado por el congresista Diego Bazán (Avanza País), recomienda acusar al ex presidente de la República, Pedro Castillo y a los ex ministros, Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda), por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión.
El informe, que deberá votarse en primera instancia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), recoge los casos “Petroperú”, en el que se habría pagado un soborno de S/ 30 mil para nombrar a Hugo Chávez Arévalo y se habría copado la empresa estatal a fin de dirigir licitaciones públicas a favor de empresas pertenecientes a allegados al exmandatario.
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También se acusa a los ex miembros del Gobierno por el caso “Provías Descentralizado” en el que se dirigió la licitación del puente Tarata III a favor del consorcio del mismo nombre, integrado por las empresas Tableros y Puentes S.A (Tapusa), Termirex S.A.C y H.B Estructuras Metálicas S.A.C.
Asimismo, toman en cuenta el caso “Ministerio de Vivienda”, en el que se dirigió la licitación de obras de agua y saneamiento en el distrito de Chadín, Cajamarca, a favor del consorcio Ienscon, integrado por empresas pertenecientes a los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana, amigos de la cuñada de Pedro Castillo, Yenifer Paredes.
Cabe señalar que la SAC sesionará el jueves 29 de diciembre desde las 8 de la mañana a fin de debatir dicho informe. Este es el único punto de la agenda de la sesión semipresencial que se desarrollará en la Sala Miguel Grau del Palacio Legislativo.
