El presidente del Congreso, Manuel Merino de Lama, convocó a la Comisión Permanente del Congreso a una sesión para las 09:00 de la mañana del lunes 31 de agosto para evaluar las denuncias constitucionales declaradas procedentes contra el suspendido exfiscal superior Tomás Gálvez y los exparlamentarios Héctor Becerril, Jorge Castro y Roberto Vieira.
La agenda de la sesión considera la denuncia constitucional 364, formulada por la legisladora Carolina Lizárraga (PM) contra el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez, por la presunta comisión de infracción constitucional a los artículos 139 (inciso 2), 39 y 44 de la Constitución Política. Atribuye al suspendido fiscal supremo haber interferido en las investigaciones del caso Lava Jato, obstaculizando la labor de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en las indagaciones a Keiko Fujimori.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe que califica de procedente la denuncia el pasado 11 de agosto.
Asimismo, se verá la denuncia constitucional 367, formulada por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, contra el excongresista Héctor Becerril, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias agravado, tipificados en los artículos 317, 394 y 400 del Código Penal, respectivamente.
Los ilícitos se habrían cometido en sus presuntos vínculos con la organización los Temerarios del Crimen, liderada por el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, de la cual habría sido el “brazo político” que facilitó los presupuestos para la ejecución de obras.
La agenda de la Comisión Permanente considera también la Denuncia Constitucional 373, formulada por la fiscal de la Nación contra el exparlamentario Jorge Andrés Castro Bravo, por la presunta comisión de los delitos de concusión y violación de correspondencia.
