Un año ha transcurrido desde que el juez Richard Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenara la detención preliminar de Keiko Fujimori en el marco de investigacion de Odebrecht por los aportes ilícitos en las campañas electorales. El INPE dispuso, luego de la orden judicial, que sea recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.
El fiscal perteneciente al equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, fue el encargado de sustentar el pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otras once personas relacionadas con la campaña de Keiko.
En la argumentación del fiscal Pérez, se sostuvo que Keiko Fujimori pertenecía a una organización criminal y que el exministro de Transportes, Jaime Yoshiyama, “pitufeó” es decir, ingresó dinero no declarado ni bancarizado a las cuentas del partido naranja. También el excongresista fujimorista Rolando Reátegui complicó la situación de la exlideresa al declarar en calidad de colaborador eficaz ante la Fiscalía que Keiko dio la orden de lavar el dinero de la campaña presidencial del 2011. Además señaló que él tenía la tarea de obtener en su región San Martín una lista de falsos aportantes.
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Desde que se dio el mandato judicial de la prisión preventiva, Keiko Fujimori ha cambiado radicalmente su vida, y su abogada Guilliana Loza ha presentado recursos legales para anular su prisión. Intentó en la Corte Suprema de Justicia con un pedido de casación, pero en dicho juzgado no se llegó al número de votos necesarios (cuatro votos) y se tuvo que convocar a la jueza Susana Castañeda, quien se encargó de dirimir el caso. Este último 12 de setiembre decidió votar por la reducción de la pena preventiva de 36 a 18 meses.
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