La Fiscalía Suprema del Fuero Militar-Policial dispuso ampliar por cuatro meses la investigación contra los vicealmirantes en situación de retiro, Fernando Cerdán Ruiz, Jorge Millones Gonzáles; el contralmirante David Hidalgo Valdivia y los que resulten responsables de la presunta comisión del delito de desobediencia, infidencia e infidencia culposa en agravio del Estado peruano y la Marina de Guerra del Perú.
Cerdán Ruiz, Millones Gonzáles e Hidalgo Valdivia fueron denunciados por el oficial de la MGP en situación de retiro, Carlo Paredes Saavedra, por su presunta responsabilidad en la pérdida de 12 documentos con clasificación de “secreto” de la institución militar. En la denuncia, se les imputa los delitos de delito contra el Estado y la Defensa Nacional, Atentado contra la Seguridad Nacional y Traición a la Patria en la modalidad de Revelación de Secretos Nacionales.
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Los hechos se remontan al 2019, durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra. El 27 de diciembre de ese año, el denunciante advirtió al entonces mandatario, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, sobre esta “extracción y pérdida” de estos documentos de la Inspectoría General de la Marina. Estos serían:
- COLOMAR Nº 02-2017 / ES / DIRECTIVA DE PREPARACIÓN PARA LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS / EJEMPLAR Nº 003
- COLOMAR Nº 03-2014 / BS / PLAN DE DOBLE ASIGNACIÓN DE FUNCIONES (DAF) / EJEMPLAR Nº 002
- COLOMAR Nº 04-2014 / BS / PLAN LOGÍSTICO INICIAL PARA EL ÁMBITO EXTERNO / EJEMPLAR Nº 006
- DIPERMAR Nº 017-07 / ES / PLAN SUBSIDIARIO DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS / EJEMPLAR Nº 003
- DIPERMAR Nº 018-07 / ES / PLAN SUBSIDIARIO DE BIENESTAR DE GUERRA / EJEMPLAR Nº 003
- DIPERMAR Nº 001-08 / ES / PLAN SUBSIDIARIO LOGÍSTICO DE SANIDAD DE GUERRA / EJEMPLAR Nº 003
- DIPERADMON Nº 002-2011 / BS / DIRECTIVA DE MOVILIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS / EJEMPLAR Nº 004
- COMBACA Nº 004-2014 / BS / PLAN DE SEGURIDAD PARA LA DEFENSA INTEGRAL DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO / EJEMPLAR Nº 003
- COMFASUB Nº 008-2015 / BS / PLAN SUBSIDIARIO DE SEGURIDAD PARA LA DEFENSA INTEGRAL DEL SECTOR VII DE LA BASE NAVAL DEL CALLAO / EJEMPLAR Nº 001
- COMA Nº 005-2017 / BS / DIRECTIVA PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA EN LOS FRENTES INTERNO Y EXTERNO DE LOS ORGANISMOS SUBORDINADOS AL COMANDO OPERACIONAL MARÍTIMO / EJEMPLAR Nº 003
- COMZODOS Nº 12-2017 / BS / DIRECTIVA PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA EN LOS FRENTES INTERNO Y EXTERNO DE LOS ORGANISMOS SUBORDINADOS A LA COMANDANCIA DE LA SEGUNDA ZONA NAVAL / EJEMPLAR Nº 004
- COMFOE Nº 015-17 / BS / DIRECTIVA SUBSIDIARIA PARA ESTABLECER LAS MEDIDAS DE CONTRAINTELIGENCIA EN LOS FRENTES INTERNO Y EXTERNO DE LOS ORGANISMOS SUBORDINADOS A LA FUERZA DE OPERACIONES ESPECIALES
Los altos oficiales habrían actuado de forma negligente, propiciando así la pérdida de estos documentos valiosos para la seguridad del Estado, ya que posiblemente no “adoptaron las medidas de seguridad que permitan un adecuado uso y control de la información de acceso restringido en la Inspectoría General de la Marina”, entonces a cargo de Millones Gonzáles.
El 14 de febrero del 2020, la entonces secretaria general del Ministerio de Defensa, informó al denunciante que se había formalizado una investigación preliminar y que se había hecho tomar conocimiento a la Dirección de Inteligencia de la Marina para que realice las investigaciones correspondientes.
El abogado Walter Chinchay señaló a esta revista que cursó escrito al entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC. CC. FF. AA), César Astudillo, señalando que las responsabilidades “estarían recayendo en funcionarios de menor rango y se estaría encubriendo a los altos mandos” ya que en ese entonces se responsabilizó al técnico segundo Juan Alfredo Rivasplata Rojas y al fallecido Edwin Donayre Montesinos.
Con todo, un escrito del 17 de enero del 2020, señala que la Procuraduría Pública de la Marina a cargo de David Hidalgo no había presentado la denuncia correspondiente en el fuero común, pese a que el CC. CC. FF. AA ya había corroborado la pérdida de los documentos.
“Teniendo en cuenta que al parecer no se habrían iniciado las acciones inmediatas tras conocerse los hechos conforme lo manda la ley ya que esta ‘extracción y pérdida’ habría sido a comienzos del segundo semestre del año 2019 (…), por tanto se debe indagar sobre el cuaderno de registro de apertura y cierre de la ‘caja fuerte’ que en su interior contenía las publicaciones secretas de donde fueron ‘extraídas y perdidas’, así como el registro de apertura y cierre del sobre lacrado que guarda las ‘llaves’ de acceso a la caja fuerte, y el registro de apertura y cierre del sobre lacrado que contiene la ‘clave’ que permite abrir la caja fuerte”, se lee en el documento.
Se sugiere también hacer una inspección física a las instalaciones de la Inspectoría de la Base Naval del Callao para conocer los dispositivos de seguridad, por ejemplo, la existencia o no de cámaras de seguridad, que aparentemente no habrían sido utilizados para proteger estos documentos sensibles.
