La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso abrir la sexta investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Geiner Alvarado, por la presunta comisión del delito de organización criminal.
Se cuestiona al mandatario y al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la adjudicación de obras en las provincias de Chota (Cajamarca) y Cajatambo (Lima), cuyas empresas beneficiarias fueron JJM Espino SAC y Destcon Ingenieros y Arquitectos SAC, de propiedad de los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana.
De acuerdo a la tesis fiscal, el jefe de esta presunta banda criminal sería el presidente Castillo; en tanto, Alvarado y el alcalde de Anguía, José Medina, serían los cabecillas de esta organización criminal; la primera dama, Lilia Paredes, sería la coordinadora; mientras que los testaferros serían sus hermanos Walther, David Paredes y Yenifer Paredes Navarro; y los hermanos Espino Lucana.
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Como se recuerda, el mandatario también es investigado por el presunto plagio en su tesis de maestría; la presunta intromisión del Ejecutivo en el ascenso de las Fuerzas Armadas y Policiales; y la existencia de una presunta organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el marco del caso Puente Tarata III.
Además, se investiga al jefe de Estado por la adjudicación de biodiésel a Heaven Petroleum Operators en el caso “Petroperú”; y el presunto encubrimiento a los prófugos Juan Silva y Fray Vásquez luego de que el exministro del Interior, Mariano Gonzáles, anunciara que el presidente cuestionó la conformación del equipo policial que apoya a los Fiscales contra la corrupción del poder.
