La Secretaría de Comunicación Social (SCS-PCM) es una dependencia de la Presidencia del Consejo de Ministros que tiene entre sus funciones principales contratar, con el dinero de todos, la publicidad estatal en los medios de comunicación. No solo maneja el presupuesto que se le asigna para las campañas de la PCM (18 millones de soles en el 2022), el que se gasta vía un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), sino también la gestión de todo el presupuesto público asignado a publicidad en los 18 ministerios.
Solo en los primeros cinco meses del gobierno de Perú Libre (agosto-diciembre 2021), apenas en seis de los 18 ministerios se ha gastado 60 millones de soles, según cifras de la SCS-PCM. Esto explica el porqué esta secretaría de la PCM ha sido deseada tanto por las diversas facciones que componen esta especie de ameba en la que se ha convertido el gobierno del profesor Pedro Castillo como por sus “amigos” que —desde fuera, con sus medios de comunicación— apoyaron su campaña y hoy apoyan su continuidad al mando del Estado a pesar de la hemorragia de denuncias de corrupción que han dinamitado su aprobación popular en solo siete meses.
Para muestra un botón
En la corta gestión de Guido Bellido se propuso para esta secretaría a Frank Zegarra Ríos, el hombre que había fungido de jefe de prensa de Perú Libre durante toda la campaña electoral, alguien que había apoyado al profesor cajamarquino desde antes que apareciera con nombre propio en las encuestas, mientras aún formaba parte del rubro “otros”. Los jerarcas de Perú Libre, partido de gobierno, recompensarían esa lealtad con un nada despreciable sueldo de 25 mil soles mensuales a cambio de que asumiera, con su firma, una distribución clientelar de la publicidad estatal a los medios provincianos, haciendo malabarismo con la legislación vigente aplicable a este gasto público. Pero la propuesta del ala dura de Perú Libre se estrelló con la llegada de Mirtha Vásquez a la PCM, que no aceptó firmar la resolución ministerial nombrando en el puesto a Zegarra Ríos.
Y es que este puesto tan importante para la administración de la publicidad estatal depende de la firma de, en ese caso, la premier; y Mirtha Vásquez ya había firmado el nombramiento de Rubén Cano como secretario de Comunicación Social el 14 de noviembre del 2021. Vásquez había preferido confiar en Rubén Cano, un exfuncionario con experiencia en el cargo en buena parte del gobierno de Ollanta Humala en donde fue el número dos de la secretaría dirigida por Blanca Rosales, y en el gobierno de Martín Vizcarra cuando César Villanueva ocupó la PCM. La exministra Vásquez ha contado púbicamente que tuvo que resistir la presión constante, incluso del mismo presidente de la República, para que la SCS-PCM contrate más publicidad con los medios de comunicación provincianos que habían apoyado decididamente su candidatura en la campaña presidencial.
Pero no solo los chicos y medianos pedían su parte, CARETAS ha recibido información detallada de una fuente confiable al interior del Ejecutivo que refiere que Corporación Universal, el grupo multimediático de propiedad de la familia Capuñay —cuya línea editorial ha sido y es de apoyo explícito al gobierno de Pedro Castillo—, ha presionado desde el primer día del gobierno para que nombren a alguien de su incondicional confianza en el puesto de secretario de Comunicación Social de la PCM.
Según esta versión, los hermanos Eduardo y Esther Capuñay Quispe, cabezas visibles del grupo multimediático después del fallecimiento del patriarca Higinio, no aceptaron ir a reunirse con el presidente junto a los representantes de la Sociedad Nacional de Radio de Televisión (la cita había sido organizada por Federico Anchorena y Martín Valdivia para el lunes 16 de agosto del 2021). En cambio, los hermanos Capuñay pidieron reunirse a solas con el jefe de Estado al día siguiente, el martes 17 de agosto. Consta en los registros oficiales de visitas a Palacio de Gobierno que su reunión con Pedro Castillo duró 2:22 horas. En esta, según la versión recogida por CARETAS, los dueños de Corporación Universal habrían solicitado al presidente que designe como SCS-PCM al publicista Marcel Garreaud Garland, de quien —sostiene la fuente— sería alguien que iba a responder a sus designios.
Consultado Garreaud, este niega tajantemente que lo hayan propuesto para el cargo, más bien sostiene que si se lo hubieran propuesto no habría aceptado porque tiene clientes privados a los que no desea perder. Afirma que su relación con los hermanos Capuñay es una de consultor a cliente, que a lo largo de sus 40 años en el mercado publicitario ha tratado con los ejecutivos de todos los medios de comunicación nacionales, incluida la familia Capuñay.
Sin embargo, Marcel Garreaud tiene un ingreso registrado a Palacio de Gobierno para entrevistarse con el presidente de la República el 26 de noviembre, después de que Castillo recibiera a los hermanos Capuñay. Garreaud Garland retruca que no fueron los Capuñay los que coordinaron su vista al despacho presidencial, sino que fue requerido por la secretaria del presidente, de quien no recuerda su nombre ni apellido y que se reunió con el jefe del Estado para explicarle, desde su perspectiva técnica, cómo deberían contratar la publicidad estatal. Dice que la cita no fue a solas con Castillo, pero tampoco recuerda el nombre de los dos funcionarios que estuvieron en la reunión en el despacho presidencial, la misma que duró exactamente 58 minutos. Una reunión en la que no participó Rubén Cano, el funcionario que, 12 días antes, había sido nombrado para, se supone, manejar la publicidad estatal; un tema técnico del que Marcel Garreaud quería aconsejar desinteresadamente al presidente.
La información que ha recogido CARETAS sostiene que el verdadero motivo de la visita de Garreaud a Palacio de Gobierno fue para que el presidente pudiera conocerlo y escuchar sus propuestas sobre manejo de la publicidad estatal previo a su nombramiento, como había quedado con los hermanos Capuñay. Se suponía que después de esa cita todo estaba expedito para su designación en el cargo de confianza de secretario de Comunicación Social, pero —otra vez— Mirtha Vásquez se atravesó en el camino para impedirlo. Ella no estaba dispuesta a cambiar a Cano por Garreaud, al que no conocía.
Y es que este puesto tan importante para la administración de la publicidad estatal depende de la firma del premier. CARETAS se contactó con Esther y Eduardo Capuñay, pero no respondieron a nuestros reiterados llamados. De todos modos, dejamos preguntas puntuales en el chat de WhatsApp, pero la única respuesta hasta el cierre de esta nota fue la señal de ‘visto’ en la aplicación.
La llegada de Aníbal Torres a la PCM supuso también la llegada, vía el Ministerio de Justicia, de Ximena Pinto, una experimentada comunicadora y gestora pública con más de 20 años de experiencia en el Estado en puestos como jefa de prensa de la Presidencia del Consejo de Ministros en el año 2018 con Vicente Zeballos como premier. Aníbal Torres, probablemente desconociendo las pugnas al interior y fuera del gobierno, por tener el control de la SCS-PCM, designó a Pinto en el puesto.
Esa relación terminó rápidamente porque el eufórico jefe del Gabinete, obedeciendo los pedidos del presidente, ordenó a la funcionaria que excluya de una campaña de publicidad estatal al grupo El Comercio. El desenlace es historia conocida. Pinto no aceptó esa orden y lo denunció pública y abiertamente tanto en los medios como en la comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Era inaceptable e iba a perjudicar a la ciudadanía, pues violaba la legislación vigente, además de que nos regresaba a la nefasta política clientelar de contratación de la publicidad estatal: premiar a los medios que apoyan al gobierno y “castigar” a los críticos.
En medio de este escándalo, el grupo Corporación Universal, el conglomerado mediático que decididamente apoya a este gobierno, vio que era su oportunidad para lograr lo que venían persiguiendo desde el primer día. El último fin de semana todo estaba decidido para que el productor audiovisual y cronista Alfredo Pomareda se hiciera cargo de esta papa caliente. Pero la publicación de la historia en CARETAS, el viernes pasado, prendió las alarmas en la Secretaría General de la PCM y en el PNUD, que, por convenio firmado por el Estado peruano, es la entidad que administra los recursos de la secretaría.
Era evidente el conflicto de intereses que Pomareda llevaba al cargo, pues no solo tiene una larga relación de trabajo, amistad y confianza con Nicolás Lúcar, el hombre emblemático de Exitosa Radio, sino que ha trabajado para Corporación Universal, tanto él como su esposa, que hasta hace dos meses conducía un programa en horario matutino. También se ha cuestionado las seis visitas de Alfredo Pomareda al Despacho Presidencial desde el 23 de noviembre del año pasado hasta el 22 de enero último. Pomareda es productor audiovisual del proyecto Bicentenario, por su jerarquía y funciones no tendría por qué ir a reunirse con el secretario general del despacho, Carlos Jaico, ni con Rodrigo Idrogo, el titular de la Secretaría Estratégica de Comunicación y Prensa de la Presidencia. En todo caso, lo debía haber hecho el jefe del proyecto Bicentenario desde su programa adscrito al Ministerio de Cultura previa coordinación con SCS-PCM.
Aunque los principales actores de este relato —que mostraría cómo un grupo multimediático pretende controlar la publicidad estatal como recompensa por su decidido apoyo y blindaje al gobierno de turno—, lo niegan o callan decididamente. Lo cierto es que hay hechos cotejables, visitas realizadas, nombres confirmados y una apetitosa torta publicitaria que está ahí.
CARETAS ha podido confirmar que Alfredo Pomareda no será designado en el incandescente puesto de SCS-PCM dejado por Ximena Pinto. Pero esta historia no termina, hay muchas cuentas por saldar y muchos apetitos por saciar. Y aunque Pomareda ha quedado por ahora relegado, esta saga promete nuevo capítulos. Sigue siendo una noticia en desarrollo.
