El Ministerio Público comunicó que “el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, inició de oficio la investigación contra Karelim Lizbeth López Arredondo y Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias y contra los que resulten responsables, funcionarios de PROVÍAS y particulares, por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible”.
Al frente de la investigación se encuentra la fiscal provincial Karla Mercedes Zecenarro Monge, quien dispuso un plazo de 120 días para las pesquisas sobre la licitación n.º 01-2021-MTC/12 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, por S/ 232,587,014.30 millones de soles, convocada por PROVÍAS Descentralizado, en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, que Karelim López asesoró.
¿Podría López, como deslizan insistentes trascendidos, convertirse en colaboradora eficaz con información demoledora contra el presidente Pedro Castillo?
El 13 de setiembre López visitó Provías Nacional en compañía de Luis Pasapera, hermano de George y Héctor Pasapera, directivos de Termirex, que forma parte del Consorcio Puente Tarata III.
En el tramo final del proceso de licitación —el 17, el 18 de octubre en dos ocasiones y el mismo 19 en que el Comité de Selección de Provías Descentralizado otorgó la buena pro a su favor—, López fue registrada en Palacio, donde sostuvo entrevistas tanto con Pacheco como con el propio presidente Castillo.
La buena pro se otorgó a pesar de que el presidente del Comité de Selección, Miguel Espinoza Torres, consideró que el consorcio no cumplía con los criterios técnicos en el sentido de la facturación de obras similares a la licitada. Pero los otros dos integrantes, Víctor Valdivia Malpartida y Edgar Vargas Más, le dieron el visto bueno por mayoría.
Dos semanas más tarde, el 27 de octubre se publicó en El Peruano la designación de Valdivia Malpartida como director ejecutivo de Provías Descentralizado, que tiene un presupuesto propio de S/ 770 millones con la firma del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva. Valdivia Malpartida contaba con denuncias que iban desde peculado por apropiación o utilización de caudales, falsificación documentaria, falsedad genérica y hasta violencia familiar en la modalidad de maltrato físico y psicológico.
El 19 de noviembre, López fue vista en la casa de Breña, según el reportaje de Cuarto Poder.
