Un poco más de dos hora duró la audiencia virtual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde participaron los representantes del Estado peruano y los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Los magistrados de la Cote IDH, cedieron la palabra al procurador público supranacional Carlos Reaño Balarezo, quien recordó qué hasta el momento se han entregado dos informes a la Corte donde explican las “características jurídicas de gravedad, urgencia y reparabilidad” por el cual solicitan las medidas provisionales.
“El Estado tomará a bien esta resolución de medidas provisionales o, en su defecto, una resolución de supervisión de cumplimiento de sentencias”, explicó el agente peruano ante el colegiado internacional”, dijo Reaño.
Asimismo, señaló que ante la decisión final que vaya a realizar la Corte IDH, el Estado peruano respetará dicha decisión. Además de señalar que no son ajenos a la sentencia del Tribunal Constitucional, el cual respetan, pero en mayor grado, el carácter “vinculante” de las resoluciones emitidas por la Corte IDH.
“El Estado peruano reconoce que las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional son de obligatorio cumplimiento para las diversas instancias jurisdiccionales; sin embargo, los Estados parte de la Corte Interamericana se comprometen a cumplir con las decisiones de la Corte”, indicó Reaño.
Asimismo, el procurador dijo que aún están a la espera del informe sobre el estado de salud actual, que debe ser remitido por el centro penitenciario donde actualmente permanece recluido el expresidente Alberto Fujimori.
“Según lo señalado por el abogado de Fujimori, tiene una cantidad de temas de salud que probablemente son propios de la edad”.
Mientras que los familiares de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta, expusieron las razones, solicitando que cumpla la totalidad de su condena.
Aún se está a la espera de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emita su fallo final, mientras tanto, el Estado Peruano, deberá cumplir abstenerse de liberar a Alberto Fujimori antes de que decidan la solicitud de medidas provisionales.
