En octubre del 2021, a poco de iniciarse el actual gobierno, el contralor Nelson Shack informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que su institución había detectado 2445 obras públicas por contrata que estaban paralizadas, por un valor superior a S/ 18,360 millones.
Ya era una cifra muy preocupante que daba cuenta del deterioro en la gestión del Estado. Pero, como era de esperarse con una sucesión imparable de ministros y funcionarios en el actual gobierno, ese monto se ha disparado hasta los S/29,732,207,833. Casi 30 mil millones de soles en 2,346 obras paralizadas.
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En términos del costo actualizado de la inversión, el 33.3% corresponde al ámbito del gobierno nacional, el 43.2% al regional, y el 23.5% al local.
Como lo estipula el informe, la obra debe provenir de un contrato vigente, sin embargo, no debe reportar ejecución física por tres meses o más. Incluye, a su vez, situaciones de controversias, abandonos, deficiencias del expediente técnico, causas o situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato.
Las principales causales de paralización son la falta de recursos financieros y liquidez (611); incumplimiento del contrato (314); eventos climáticos (245); y discrepancias, controversias y arbitraje (117).
Sobre esta grave situación, el abogado experto en contrataciones públicas y vocero de Alianza Democrática, César Candela, considera que entre las razones más importantes está “la falta de gestión por parte del gobierno central y la falta de medidas y fórmulas legales para darle solución integral a cada uno de los problemas”. De un lado, añade, “el poder ejecutivo no plantea proyectos de ley que modifiquen la ley de contrataciones”, y del otro “tampoco lo hacen ninguna de las comisiones del Congreso -Fiscalización, Economía, Proinversión”. A ello se añade “la desbocada rotación de los funcionarios en los ministerios que no coadyuva a generar la estabilidad necesaria para una política de contratación pública permanente y regular que agilice los procedimientos de selección aplicables en el gasto regular del presupuesto público”.
Peor aún, sostiene, “el presupuesto público se distribuye a nivel de los gobiernos regionales y locales, y otra carencia permanente es la falta de capacitación en esas instancias y la aplicación de diversos regímenes legales distribuidos en la ley de contrataciones, el régimen legal de la reconstrucción con cambios y la celebración de convenios con otros organismos internacionales, además de las medidas cautelares y los procedimientos arbitrales y judiciales que son en buena medida el origen de estas paralizaciones”.
Un nudo gordiano que solo se ha vuelto más difícil de desatar en el “gobierno del pueblo”. La falta de gestión y el desmantelamiento del Estado le pasa al país una factura cada vez más gigantesca.
