El “Club de la construcción” está de vuelta, pero esta vez tiene cabeza de dragón. Se trata del “Club Chino de la Construcción” al que hoy se ha adjudicado la mayoría de las megaobras que existen en el Perú con ayuda de malos funcionarios. El grupo nació de la fusión de empresas peruano-chinas, y otras puramente chinas, que llevan bajo el brazo millonarias cartas fianza de la banca china autorizada en Lima.
Su papel se ha hecho más visible ahora, en el gobierno de Pedro Castillo, dada la última confesión de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim Lopez Arredondo, pero su llegada a estas tierras coincide con la caída del cártel brasileño de la construcción por el escándalo transnacional de corrupción Lava Jato, que también arrastró al sólido club de la construcción local, que integraban las empresas peruanas de construcción más grandes y antiguas. Fue en la corta presidencia de Martín Vizcarra que se le abrió las puertas a las empresas chinas y se le dio todas las facilidades para que tomen el mercado. Así se hicieron de gran parte de las buena pro en las obras de gran infraestructura licitadas por el MTC.

El modus operandi de este club asiático sería el mismo que su antecesor, el “Club de la Construcción” peruano-brasileño, integrado en ese entonces principalmente por Graña y Montero, y las extranjeras Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Correa, entre otras. O el cártel peruano que reinó muchos años en el MTC, conformado por las empresas Obrainsa, Málaga, Cosapi, ICCGSA, Grupo Plaza, por solo nombrar a las más conocidas. Cada vez que había un proyecto de licitación, las empresas se comunicaban y arreglaban el negocio a cambio de repartir porcentajes en forma de coimas. Usualmente, sobornos que suponían entre el 1 y el 3 % del valor de los millonarios contratos.
Hoy en día, el “Club Chino de la Construcción”, también conocido como el “Club del Dragón”, toma conocimiento de cada licitación y limpia la cancha de competidores. Presenta garantías fabulosas, que solo pueden conseguir en bancos chinos que funcionan en nuestro país con permiso oficial de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
CARETAS confirmó que se trata, principalmente, de tres bancos asiáticos instalados en el corazón de San Isidro. Estos empezaron a funcionar entre el año 2020 y el 2022 y desde entonces han entregado millonarios avales solo a empresas chinas con el fin de que se adjudiquen varias importantes obras públicas. No hay forma de que las pequeñas y medianas empresas constructoras peruanas u otras extranjeras compitan con las chinas, pues las bases de los concursos públicos en estas obras le exigen al constructor que demuestre una espalda financiera inmensa, con líneas de crédito o depósitos de hasta el 50 % del valor de la carta fianza estipulada para cada obra. Es como si las bases estuvieran hechas como un traje a la medida para los empresas o consorcios chinos.

Estos documentos sirven como respaldo financiero ante el Estado. Según nuestra investigación, existen “cartas fianza” multimillonarias. Por ejemplo, hallamos una por el valor de hasta mil millones de soles. Está fue entregada a Provias Nacional con la finalidad de adjudicarse la megaobra llamada “Construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Juliaca” en Puno. Asimismo, en Arequipa, se presentó hace pocos días, ante la sorpresa de los funcionarios de la municipalidad provincial de Castilla en Aplao, otra empresa China en el concurso por una megaobra. La empresa se había enterado de la convocatoria de una licitación pública y llevaba bajo el brazo nada menos que un respaldo financiero de casi 24 millones de soles otorgado por el Banco de China. Esto le permitía adjudicarse la construcción de la carretera Ayo Andomayo, de la provincia de Castilla.

La facilidad y la rapidez con la que estas empresas constructoras obtienen créditos astronómicos ha impulsado a que empresas peruanas se consorcien y jueguen en pared en diversos concursos públicos.
“Es imposible competir con esas cartas fianza. Los bancos nacionales no entregan respaldos financieros por montos tan grandes. Piden que tengas la mitad del monto de la carta (fianza) en tu cuenta bancaria, pero nadie tiene millones ahorrados o inmovilizados. Trabajamos con dinero. Esto ha impulsado a que muchos empresarios busquen a estas empresas chinas que, incluso, he escuchado, abandonan las obras de mala manera”, indica un representante de una de las empresas constructoras peruanas afectadas por esta modalidad hecha expresamente para sacarlos de juego en las obras de infraestructura pública.
Los que conocen la historia del ingreso del “Club Chino de la Construcción” al Perú consideran que el inicio es el viaje que realizó el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski a la China en setiembre del 2016, su primer periplo al exterior como jefe del Estado. Hubo dos ministros que lo acompañaron en su gira por el gigante asiático: Martín Vizcarra, su primer vicepresidente que también lideraba la cartera de Transportes y Comunicaciones, y Edmer Trujillo, el pequeño ingeniero que Vizcarra había logrado colocar como ministro de Vivienda. Ambos sostuvieron conversaciones clave con los CEO de estas gigantes chinas de la construcción que, enterados del colapso de las brasileras en toda la región, querían expandir sus negocios en esta parte del mundo. Cuando Vizcarra asume la presidencia, en marzo del 2018, siempre ha colocado a hombres de su absoluta confianza en el estratégico MTC. Primero fue Edmer Trujillo y después Carlos Estremadoyro, que Karem Roca llegó a calificarlo como “El Cajero”.

En los veinte meses del gobierno de Martín Vizcarra las empresas chinas reemplazaron a las brasileras envueltas en el escándalo de Lava Jato y a los peruanos denunciadas como un cártel de la construcción. Por eso no sorprende que a julio de 2021, cuando el profesor Pedro Castillo asume la presidencia, había por lo menos una decena de empresas chinas que acaparaban las obras de infraestructura pública tanto en el gobierno central, básicamente en los ministerios de Transportes y Comunicaciones y Vivienda y Construcción. Por ejemplo, la empresa China Civil Engeneering Construction Corporation, una de las tres que menciona Karelim, desde enero 2020 (gobierno de Vizcarra) hasta junio del 2021 (gobierno de Sagasti) obtuvo obras por más de 1300 millones de soles, tanto en Provías Nacional como Provías Descentralizado. La otra empresa que menciona Karelim, la China Railway Group Limited, sucursal Perú desde septiembre de 2018 hasta junio de 2021, había ganado obras por casi 1000 millones de soles en el MTC.

¿Qué es lo nuevo en la delación de Karelim López? Todo indica que Zamir Villaverde, con anuencia del presidente, coordinaba con el ministro Silva la entrega de megaobras a por lo menos tres consorcios chinos que, para ganarlas estaban obligados a tener como socios locales minoritarios a la empresa de los hermanos Aguilar Quispe, que serían una suerte de testaferros de la organización que López dice se instaló en el MTC desde el primer día del gobierno de Perú Libre. La novedad no es que las empresas chinas estaban ganando las obras a nivel nacional, lo que Karelim ha revelado es que estas fueron obligadas a asociarse con una en particular a cambio de ganar importantes obras. Obviamente, en licitaciones amañadas y controladas por esta organización en la que también participaban los sobrinos del presidente. Zamir Villaverde ha sido tildado como el nuevo cajero en esta mutación de la mafia instalada en el MTC desde julio del año pasado.

Por confesión de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López Arredondo, hoy sabemos que el joven de 27 años llamado Roberto Aguilar Quispe se ha convertido en el principal socio comercial para dos empresas multinacionales de China. Un joven chinchano que en Lima vivía en la zona del Fundo Oquendo, en el Callao, y que recientemente ha obtenido el título de bachiller en Ingeniería Civil. Aguilar Quispe nunca antes tuvo contratos de esa magnitud, la buena fortuna le ha sonreído en Provías Nacional y Provías Descentralizado del MTC durante los siete meses en los que el profesor Juan Silva fue ministro de Transportes.

Desde que se inició el gobierno del presidente Pedro Castillo, Roberto Aguilar Quispe ha firmado junto a las empresas China CAMC Engineering CO. LTD y China Civil Engineering Construction Corporation contratos con el Estado por más de S/580 millones.
Y ¿cómo lo hace?, ¿cuál es el negocio?
Quizá la explicación se halle en el hecho de que tiene tras de sí a un dragón que cuida el tesoro y no está dispuesto a compartirlo con nadie.