Una cosa más, de la larga lista de cosas que el Gobierno del presidente Castillo no ha entendido, es el papel de la prensa en una sociedad democrática. Los periodistas no hacemos preguntas a las autoridades a título personal, lo hacemos en representación de la gente. Los medios de comunicación son el vehículo por el cual los gobernantes informan, explican, dan cuenta de sus acciones a todos los ciudadanos. Es la mejor manera que tienen para hacerlo porque los medios, sean estos tradicionales, digitales o alternativos, llegan a millones de personas. En esta función, la prensa es, solamente, la intermediaria entre el poder de turno y la gente, que necesita saber detalles sobre las cosas que afectan a sus vidas. Los periodistas preguntan lo que los ciudadanos necesitan saber en sus casas, en sus barrios, en sus pueblos o ciudades. Los representan ante la autoridad con un micrófono en mano, en una cabina de radio o televisión, o a través de una plataforma virtual. Cuando el premier Guido Bellido decidió suspender las ruedas de prensa, convocadas todos los miércoles después de cada consejo de ministros, decidió atentar contra el derecho a saber de los peruanos. No perjudica a los periodistas o medios, que seguirán informando porque, hay que decirlo, la misma decisión de suspender las ruedas de prensa también es noticia, sino que perjudica su gestión y la exención ciudadana a estar informados. El periodismo es un oficio de servicio público, los periodistas no trabajan, ni siquiera para los medios de comunicación que les pagan sus sueldos, lo hacen para la gente, que todos los días necesita información oportuna y veraz que le ayude a tomar decisiones en sus vidas.
En democracia, la prensa también cumple una función de fiscalización del poder en nombre de la gente. Se erige como un cuarto poder del Estado; en esa tradicional clasificación de Montesquieu, es el perro guardián de la democracia. Pero, la libertad de prensa, como todo derecho, va acompañada de un deber. La obligación de las mujeres y hombres de prensa es hacer su trabajo con prolijidad, profesionalismo, aplicando técnicas de verificación, contando las historias de interés público de manera legible y explicando el contexto. Suele pasar que los reporteros de investigación, que hurgan en los intersticios oscuros del poder, sea este político, económico o fáctico, se convierten en la piedra en el zapato de los poderosos. Los que realizamos este trabajo sabemos a lo que nos atenemos, no estamos en esto para caer bien a nadie, tampoco para coleccionar amigos. A veces, sin proponernos, más bien coleccionamos enemigos gratuitos y tenemos que responder cartas notariales o querellas que, en algunos casos, se presentan con el afán de amedrentar o distraer a los periodistas. En un estado de derecho, la libertad de prensa (como todas las libertades) no es absoluta. Se ejerce de acuerdo a ley, y, en el Perú, el límite es el conjunto de normas que regulan nuestro oficio. Desde los códigos de ética de cada medio, hasta el Código Penal, pasando por una serie de regulaciones administrativas y legales que resguardan la identidad de niños y adolescentes en peligro, el secreto de las comunicaciones, el secreto bancario y tributa rio de personas naturales y jurídicas, o, incluso, los secretos de Estado. Si alguien considera que un medio de comunicación o un periodista ha violado alguna de estas normas puede denunciarlo en la instancia adecuada. Hay sanciones administrativas, como multas, retiro de licencias o, si fuera el caso, sentencias judiciales cuando un juez concluye que el periodista ha calumniado, difamado o agraviado en una nota periodística. Aunque la tendencia mundial es despenalizar los llamados delitos de prensa, en el Perú los periodistas no somos ni intocables ni inimputables. Debemos responder por la calidad de nuestro trabajo.
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Parece que nada de esto entiende la cúpula del Gobierno de Perú Libre, empezando por el profesor Castillo, quien cree ver en cada reportero que pugna por hacerle una pregunta al paso un potencial enemigo. Ha dicho más de una vez que los periodistas manipulan, tergiversan o sacan de contexto sus declaraciones, será por esa falsa creencia que no da una sola entrevista en los casi dos meses que lleva como inquilino de Palacio de Gobierno. Pero no solo es el presidente, son todos los jerarcas del partido de Gobierno. El presidente del Consejo de Ministros es irascible a las preguntas legítimas de la prensa y, del estado de ofuscación permanente con la prensa ha escalado a la falta de respeto a los reporteros, como lo que hace con las mujeres. Lo mismo pasa con la vicepresidenta y ministra de Inclusión Social Dina Boluarte, quien ha dicho a los periodistas “¡Basta, ya!, que “sean proactivos, positivos, que sean parte de la patria”. Casi una invitación a que la prensa mantenga una relación de compadrazgo con el poder político. La prensa no está para ser comparsa o adular al poder, todo lo contrario, su función es vigilarlo en nombre de la gente.
La génesis de la urticaria que le produce a Perú Libre una prensa no claudicante con su deber está en el plan de gobierno redactado por Vladimir Cerrón. Para ese ideario marxista, leninista, mariateguista, presentado sin maquillaje en campaña electoral, la prensa tiene que estar al servicio de lo que llaman “revolución”. Pasar por una censura previa de sus contenidos, como lo hace una dictadura que se respete, de las que ellos ensalzan y hasta idolatran. En ese tipo de regímenes, el objetivo siempre es asegurarse una sola narrativa oficial, gris y desvergonzada, sin crítica alguna ni a la gestión y menos a la cúpula del Gobierno. Los periodistas somos, en esa lógica, enemigos de clase porque para ellos terminamos siendo simples “instrumentos del poder omnímodo de los grandes grupos económicos, oligárquicos y burgueses, que quieren seguir sometiendo a la clase popular a sus designios e intereses, a través de sus medios de comunicación”. Es decir, según ellos, los medios de comunicación manipulan permanentemente la información para mantener en la ignorancia al pueblo que ellos dicen representar y defender. Una prensa libre e independiente es, en definitiva, un enemigo irreconciliable para las dictaduras comunistas, como lo son los gobiernos de Maduro en Venezuela, Ortega en Nicaragua o, la Cuba fidelista. También lo fue el Gobierno de Rafael Correa en Ecuador, quien logró imponer un organismo censor de la prensa, produciendo periodistas perseguidos, exiliados o atemorizados. Medios colapsados económicamente por multas abusivas y confiscatorias.
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Por todo esto, no nos extraña el Proyecto de Ley presentado por el congresista Abel Reyes que pretende instaurar un filtro político inaceptable en las licencias del espectro electromagnético y radiotécnico por donde emiten medios masivos como la televisión y radio de señal abierta. Un proyecto, por lo demás anacrónico, porque en el nuevo ecosistema mediático son los medios digitales, alternativos, los que no necesitan tener licencia del ministerio de Transportes, los que más están creciendo cuantitativa y cualitativamente.
Después podría venir abiertamente una ley mordaza, que pretenda regular los contenidos de los medios de comunicación invocando cualquier supuesto interés público. La historia ha demostrado que la mejor ley de prensa es la que no existe, porque toda regulación supone un control sobre el contenido informativo. Lo que sí funciona es la autorregulación, la capacidad crítica de los medios y periodistas para corregir malas prácticas, ser más estrictos en cumplir protocolos, ser rigurosos en el tratamiento profesional de la información. El principal dique para contener estos impulsos autoritarios hoy son los congresistas de oposición, que deberán rechazar estos intentos legislativos por inconstitucionales y antidemocráticos. Debemos estar seguros que insistirán en sus pretensiones, con uno u otro mecanismo, si fracasan sus intentos regulatorios legales, irán por la publicidad estatal que sí pueden manejarla a través de un reglamento redactado por el Ejecutivo que ahora controlan. O, como lo hizo Cerrón, amedrentando, acusando judicialmente o agrediendo periodistas con su maquinaria demoledora que ha demostrado ser eficiente en Junín, donde colocaron un explosivo en la casa del periodista de investigación Edvan Ríos; y secuestraron y tiraron al río Mantaro a su compañero de investigaciones Santos Porras, quien se salvó de morir de manera providencial. Advertidos estuvimos. Preparados estemos.
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*Carlos Paredes es periodista y autor de El Perfil del Lagarto.
