La candidez con la que el ministro del Interior, Vicente Romero, admitió que se enteró del operativo de la Universidad de San Marcos por televisión, evidencia la profundidad de los problemas que atraviesa su sector y sus consecuencias en la actual conmoción nacional.
En la acción no participaron la Fiscalía y la Defensoría, y la PNP ha justificado esta ausencia en la naturaleza flagrante de la toma de la casa de estudios, a la que la oficina legal de San Marcos respondió con una denuncia policial. Como lo reveló CARETAS, la rectora Jerí Ramón estuvo en permanente contacto con Víctor Zanabria, jefe de la región policial Lima, en las horas previas al operativo. El día anterior, el abogado de San Marcos había enviado a Zanabria un oficio en el que solicitó la intervención.
El operativo tiene una base legal. Pero luego de las justificadas críticas por el exceso de la fuerza, Ramón tomó distancia e insistió que la universidad solo pidió que se liberen las entradas bloqueadas.
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Romero ha dicho que la policía actuó de oficio. Pero una acción semejante debía tener un criterio político detrás. Por lo tanto, el ministro debió estar enterado. El precio que paga el gobierno en las actuales circunstancias es muy alto.
Tras la recuperación de la democracia en el año 2001 se llevaron a cabo reformas organizativas para implementar controles democráticos sobre los institutos armados. En el Ministerio del Interior entró en funcionamiento el CECOM, Centro de Comunicación que era el principal enlace entre la institución policial y el ministro. Pero ya no existe. En su lugar lo más parecido es la Central de Operaciones Policiales de la Comandancia General de la PNP, Ceopol. Pero el ministro no tiene vela en ese entierro.
Quienes están al tanto de lo que ocurre en el sector alertan que desde hace un tiempo se ha producido un divorcio entre la figura ministerial y el comando policial. Se esperaba que la entrada de Romero, un policía retirado con previa experiencia como ministro, cierre parcialmente la brecha. Su admisión indica que ello no ha ocurrido, al menos hasta ahora.
La distancia se acentuó con la norma aprobada por insistencia en el Congreso el 1 de setiembre pasado, que establece que el comandante general de la PNP ejerza su cargo durante dos años con el fin de generar estabilidad. Esto ocurrió en respuesta al escándalo de los ascensos policiales del 2021, donde se investigan las presuntas coimas pagadas a Pedro Castillo y miembros de su entorno. En consecuencia, la pretendida autonomía policial, que suena bien en el papel, se traduce en desconexión política e institucional.
Un desafío tan dramático como el que enfrenta la democracia peruana requiere respuestas complejas y diferenciadas, tanto en comunicación como en estrategia. La democracia solo sobrevivirá con sus actores articulados.
