Una vez más el Tribunal Constitucional (TC) tendrá que dirimir entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tal como se anunció, este viernes se presentó la demanda de inconstitucionalidad contra la ley de interpretación auténtica sobre la cuestión de confianza.
En el documento enviado al TC, el procurador Luis Alberto Huerta Guerrero solicita que el máximo intérprete de la constitución admita el recurso legal de acuerdo a trámite. “Se solicita que declare la inconstitucionalidad total de la ley por razones de forma y de fondo por cuanto contraviene disposiciones de la Constitución Política de 1993 y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, se lee en el pedido.
El documento resalta que lo aprobado por el Parlamento va en contra del artículo 43° de la Constitución, el cual reconoce “el principio de separación de poderes que comprende el equilibrio y balance entre el Ejecutivo y el Legislativo”.
Además, señala que se vulnera el artículo 102°, inciso 1 de la Constitución acerca de “la competencia del Congreso para interpretar las leyes”; el artículo 118º, numeral 3, “que reconoce la competencia del Poder Ejecutivo para dirigir y ejecutar la política general del Gobierno” y los artículos 132º y 133º, que tratan sobre la cuestión de confianza facultativa.
La ley aprobada por insistencia por el Congreso, establece que “no procede la cuestión de confianza sobre iniciativas de reforma constitucional ni sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. En caso la votación para estos casos sea negativa, no debe tomarse como una denegatoria por el Ejecutivo”.
“El Congreso ha infringido la Constitución, todos los congresistas que han votado por esta limitación de la vacancia han incurrido en irresponsabilidad inconstitucional, merecen todos aquellos que votaron a favor de la modificación ser enjuiciados, conforme al artículo 99 de la Constitución, pero obviamente eso no va a pasar porque ellos no se van a enjuiciar a sí mismos”, dijo este jueves el ministro de Justicia, Aníbal Torres, en ATV.
El TC anteriormente ya ha emitido sentencias sobre la regulación de la cuestión de confianza, fallando a favor del Ejecutivo pues aseguraron que “no se puede limitar las libertades con una ley de interpretación”. Por ello, el procurador pide que los falles anteriores “deben ser empleadas como parámetro de control” para resolver la controversia actual.
